Según el ente investigador, 9.339 personas han sido incluidas por estos hechos victimizantes.
En el marco de la conmemoración del Día internacional de las Manos Rojas, la Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación ante la persistencia y el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delincuenciales en el país.
Según el ente de control, se presentó un aumento del 23% en el número de los niños, niñas y adolescentes en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022.
El Ministerio público alertó que niñas, niños y adolescentes de pueblos étnicos también han sido afectados de manera desproporcionada por estos hechos, registrando según el Registro Único de Víctimas en Colombia, 68 Indígenas y 28 Afrocolombianos entre 2021 y 2022, dando cuenta de la persistencia de la violencia en sus territorios y los impactos de este delito.
Este panorama se agudiza frente a las 220 alertas tempranas que identifican amenazas de reclutamiento forzado emitidas por la Defensoría del Pueblo, siendo Antioquia, Chocó y Cauca los departamentos más afectados.
El ente de control también afirmó que, a pesar de que el Estado colombiano cuenta con una política pública en la materia y oferta institucional para la prevención y promoción de este delito, esta ha sido insuficiente para mitigar el impacto del reclutamiento en territorios donde operan grupos ilegales y estructuras criminales, y donde este hecho se relaciona con otras victimizaciones como el desplazamiento forzado y el confinamiento.
Debido a la persistencia y propagación de esta situación, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual (CIPRUNNA), a las y los mandatarios en las gobernaciones, los distritos y alcaldías, a que desarrollen estrategias robustas y eficientes de protección y acojan los exhortos y recomendaciones hechas en la Directiva 10 de 2021.
