El pronunciamiento del funcionario se dio luego de la denuncia realizada por la representante María Fernanda Carrascal.
Una grave denuncia fue hecha por el representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, quien en plenaria aseguró que con soportes falsos se estarían adjudicando contratos millonarios a operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En su pronunciamiento, la Representante manifestó “estamos ante un cartel de la experiencia en el ICBF, hemos recibido múltiples denuncias en diferentes partes del país que no han prosperado ante los entes de control por presunta falsificación de certificados de experiencia para adjudicarse contratos y la operación de ICBF en estos territorios”.
Así mismo, se refirió a un informe de la Procuraduría Regional del Magdalena el cual indicaba que observaban con preocupación la “adjudicación de un contrato con soportes falsos ampliamente reconocidos por el Centro Educativo J.J. Thomson, pues, afirman nunca haber celebrado contratos con la Fundación Social Vida a quien el ICBF Regional Magdalena pretende adjudicar contrato para la atención de la primera infancia”.
Ante la denuncia efectuada por la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, el director del ICBF en el Magdalena, Mario Ariza, manifestó que son “descontextualizadas”.
“No es un proceso contractual que se esté realizando en este momento, es un proceso que se realizó hace seis meses, en el cual debo hacer claridad, fue manejado por la sede nacional del ICBF, ella presenta esa alerta porque los procesos contractuales de operadores de primera infancia hasta la administración anterior eran valorados por 60 personas de la sede nacional”, explico el director del ICBF Regional Magdalena.
De igual forma afirmó que, la representante hace una lectura errónea del acta de la Procuraduría, según el funcionario, porque es una acción preventiva del ente de control.
“De la regional, recibimos de otro operador la denuncia de la presunta falsedad de la certificación, bajo el deber de cuidado dispusimos un equipo para que hiciera las verificaciones en sitio donde la rectora del colegio firma acta donde certifica que efectivamente si se habían prestado los servicios por parte de esa fundación”, precisó Ariza.
Por último, el director de la cartera departamental aseguró que el documento de la Procuraduría indica, en su parte final, que es una acción preventiva.
Así mismo detalla que, “entre las conclusiones se sugiere que den terminadas las diligencias preventivas dado que el objeto por el cual fueron establecidas se ha cumplido”.
