La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada cuestionó el contenido difundido en redes sociales por el señalado cabecilla de las ACSN y pidió una respuesta de las autoridades frente a un posible caso de reclutamiento de jóvenes.
La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta lanzó una alerta pública tras la difusión de publicaciones en la red social Facebook, presuntamente realizadas por alias ‘El Bendito Menor’, identificado por las autoridades como Naín Andrés Pérez Toncel y señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Según la organización, el contenido divulgado en esa cuenta estaría orientado a promover el ingreso de jóvenes a esa estructura armada ilegal, una situación que calificó como altamente preocupante por el alcance que tienen las redes sociales entre la población juvenil.
En su pronunciamiento, los defensores de derechos humanos expresaron:
“El reclutamiento forzado no es un juego. El ER califica esta conducta como un crimen de guerra y obliga a la CPI a juzgarlo. Alias ‘El Bendito Menor’ ha venido subiendo de manera pública información a sus redes sociales sobre este delito.”
Mediante investigaciones en los comentarios se observa a varios jóvenes respondiendo con aparente interés por vincularse a la organización armada, utilizando mensajes que reflejarían disposición para hacer parte de ese presunto proceso de reclutamiento.
Esta situación ha despertado inquietud, sobre el riesgo de que las redes sociales estén siendo utilizadas para atraer nuevos integrantes a grupos armados ilegales.
Asimismo, cuestionaron que, pese a ser uno de los hombres más buscados por las autoridades, alias ‘El Bendito Menor’ continúe, según las denuncias, desplazándose por distintos sectores de Santa Marta, la Sierra Nevada y el departamento de La Guajira, además de mantener actividad constante en redes sociales sin que, hasta el momento, se conozcan resultados sobre su captura.
Los defensores hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, al Ejército y a las demás autoridades competentes para que investiguen tanto el contenido difundido en redes sociales como los presuntos hechos relacionados con el reclutamiento de jóvenes, recordando que esta conducta constituye una grave violación al derecho internacional humanitario y puede ser considerada un crimen de guerra.
