El Jefe de Estado llamó a trabajadores y trabajadoras a defender el decreto del salario mínimo y el denominado salario vital, tras advertir que sectores económicos y jurídicos buscan dejar sin efecto el aumento fijado para este año.
El debate por el salario mínimo de 2026 escaló a un nuevo nivel. Este martes, el presidente Gustavo Petro convocó a una movilización nacional en defensa del decreto que fijó el incremento salarial y del llamado salario vital, luego de señalar que existen presiones para revertir la decisión del Gobierno.
A través de un pronunciamiento público, el mandatario aseguró que detrás de las críticas jurídicas y económicas al aumento salarial hay un intento por desmontar una medida que, según dijo, busca garantizar condiciones mínimas de vida digna para millones de familias en el país.
Petro sostuvo que el salario vital no es una figura improvisada ni extralegal, como lo han planteado algunos sectores, sino un concepto con respaldo constitucional. Explicó que su cálculo se fundamenta en cifras oficiales del DANE sobre el costo de la canasta básica y el número promedio de personas que dependen de un ingreso por hogar, lo que sitúa ese umbral cerca de los dos millones de pesos mensuales.
El jefe de Estado cuestionó que durante más de 30 años no se haya garantizado plenamente este derecho y criticó lo que calificó como una falta de voluntad política histórica para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese contexto, lanzó duros señalamientos contra el Congreso, al que acusó de legislar en favor de los sectores de mayores ingresos.
En materia económica, el presidente rechazó que el aumento del salario mínimo vaya a desatar una inflación descontrolada. Por el contrario, afirmó que el principal factor del alza en el costo de vida está en los precios de los alimentos, problema que atribuyó a la ausencia de una reforma agraria estructural y a fallas en la cadena productiva.
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Petro también advirtió que las empresas que incrementen precios amparándose automáticamente en el aumento del 23 % del salario mínimo podrían estar incurriendo en prácticas especulativas. Según dijo, el Estado tiene la obligación constitucional de intervenir y sancionar abusos que afecten a consumidores y trabajadores.
En medio de esta controversia, el Gobierno anunció que impulsará un proyecto de ley para que el salario vital mínimo y familiar quede incorporado de manera obligatoria en los decretos de futuros gobiernos. La iniciativa, según el presidente, deberá ser debatida en el próximo Congreso o, eventualmente, en una Asamblea Nacional Constituyente.
