Por no haberse posesionado como congresista, y al no haber considerado que haya existido una razón de fuerza mayor para faltara a ese compromiso, el Consejo de Estado determinó quitarle la investidura de congresista a Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, exjefe guerrillero de las Farc.
La decisión, en primera instancia, significa que no podrá volver a ocupar cargos de elección popular en su vida, por lo que la pérdida de investidura es conocida como la ‘muerte política’.
En en el estudio de la demanda, la Procuraduría había pedido quitarle a Márquez su investidura pues consideraba que decidió “deliberadamente” no posesionarse como senador.
El recurso que estaba estudiando el alto tribunal se dio por una demanda del Congreso, que envía a esta corte los casos de los congresistas que no se posesionaron.
El caso de Márquez es distinto al de su compañero del partido Farc, Jesús Santrich, a quien el Consejo de Estado le mantuvo la investidura porque si bien Santrich tampoco se posesionó como congresista el pasado 20 de julio, la razón tuvo que ver con que estaba privado de la libertad, lo que para la alta corte es un motivo de fuerza mayor.
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Márquez tenía asegurada una curul en el Congreso por cuenta del acuerdo de paz con las Farc, que le dio a la exguerrilla cinco escaños en la Cámara y cinco en el Senado.
Sin embargo, días después de la captura de Jesús Santrich, el 9 de abril del 2018, por una solicitud de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico, Márquez viajó a la zona de reincorporación de Miravalle, Caquetá, y luego salió de allí junto con Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, y desde entonces se desconoce su paradero.
Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le abrió a Márquez un incidente de incumplimiento por considerar que está faltando a sus compromisos con esa justicia y con la paz.
Desde mediados del año pasado, Márquez no atiende el llamado de la Justicia Especial para la Paz (JEP) por lo que se inició en su contra el incidente, con lo que podría terminar perdiendo los beneficios del acuerdo de La Habana.
Márquez fue vinculado en junio de 2018 dentro del caso 001, conocido como el de secuestro, y llamado a rendir su versión el 14 de marzo de 2019, diligencia que se reprogramó para el 2 de mayo, pero el exjefe de las Farc no acudió a ninguna de las dos citas en la Sala de Reconocimiento. Tampoco ha respondido a los llamados de la Sala de Amnistía e Indulto.