El representante José Jaime Uscátegui solicitó al Gobierno Nacional un plan de asistencia militar para Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, mientras sectores del petrismo cuestionan la medida y el debate también se extiende a otras regiones del país.
La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de desplegar Fuerzas Militares en Santa Marta en medio de la crisis de seguridad provocada por las acciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada abrió una nueva discusión nacional sobre el papel del Ejército en la seguridad urbana.
El debate llegó ahora a Bogotá, donde el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, solicitó formalmente al presidente que disponga un plan especial de asistencia militar para Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, con el propósito de apoyar las labores de la Policía frente a hechos de violencia y estructuras criminales.
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Una petición respaldada por más de 37.000 firmas
La solicitud del congresista está relacionada además con un proceso de participación ciudadana que ya avanzó en Bogotá. La Registraduría certificó 37.056 firmas válidas para la realización de un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá sobre la asistencia militar en materia de seguridad.
Uscátegui sostiene que las tres localidades requieren una intervención especial. Según cifras citadas en su solicitud, en 2024 Ciudad Bolívar registró 236 homicidios, Kennedy 174 y Bosa 118, para un total de 528 casos.
El representante propone que el eventual plan incluya operaciones contra estructuras criminales, controles sobre armas y explosivos, acciones contra economías ilícitas, protección de zonas comerciales afectadas por extorsiones y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia.
El debate también enfrenta posiciones políticas
La propuesta generó cuestionamientos desde sectores cercanos al petrismo. La exsenadora María José Pizarro pidió conocer la posición del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, frente a la solicitud de Uscátegui.
Por su parte, la concejal María Teresa Bernal sostuvo que la militarización no debería ser la única respuesta frente a la inseguridad y planteó la necesidad de combinar las estrategias de seguridad con políticas sociales y de prevención. Sus declaraciones hacen parte del debate político alrededor de la propuesta y no constituyen una decisión adoptada por el Distrito.
