Se estableció un término de 6 meses para que el Gobierno Nacional brinde soluciones que permitan reducir la brecha educativa que también se agravó en el confinamiento.
Tras la pandemia del Covid-19 miles de personas a nivel mundial han experimentado enfermedades de tipo psicológica, a esto muchos científicos le han denominado ‘La nueva pandemia’.
En el caso puntual de Colombia, miles de niños tuvieron que migrar de la educación presencial a la virtual, esto trayendo consigo afectaciones en su parte física psíquica y psicológica.
Esto fue objeto de estudio de la Corte Constitucional, la cual indicó además que se presentaron “pérdidas de habilidades y competencias en el desarrollo cognitivo y emocional” de los menores y jóvenes del país.
También se encontraron afectaciones tales como “la dimisión en la visión por la mayor exposición frente a una pantalla” de los menores que se vieron obligados a asistir a clases virtuales para “adelantar su proceso académico a distancia, de manera remota o por medio de herramientas virtuales”.
El encargado de esta ponencia fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, razón por la cual se ordenó en un término de 6 meses que el Gobierno Nacional evalúe y haga un diagnóstico de “el impacto que ha tenido la pandemia generada por la covid-19 en el servicio de educación, en los docentes y en los estudiantes”.
Para ese tribunal, la pandemia “ha traído consigo una gran cantidad de cambios y consecuencias en la vida en comunidad y las formas de relacionarse en diferentes ámbitos”.
Otro de los puntos a tratar fue la brecha educativa entre los que tienen más y menos ingresos económicos, la cual según Ibáñez se amplió por la pandemia.
El magistrado explicó que los menores y jóvenes de bajos recursos y de zonas rurales, no tuvieron la posibilidad de acceder a las clases virtuales, por no contar con un computador o una tablet, además de no tener la posibilidad de conectarse a internet.
Esa tesis fue aprobada por los demás magistrados de la Corte Constitucional, al señalar que el Gobierno tiene otros seis meses para presentar soluciones que reduzcan “la brecha que se amplió con la pandemia en materia educativa, a través de acompañamiento psicológico, nivelación de contenidos, reducción de las cifras de deserción, y focalización de la estrategia de conectividad en las zonas donde habitan niños, niñas y adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad”.
