La investigación busca establecer si hubo deficiencias en la contratación, posibles sobrecostos o un manejo irregular de recursos destinados al proceso electoral de 2026.
La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para revisar varios contratos relacionados con la preparación de testigos electorales de cara a las elecciones de 2026 y determinar si en el proceso se presentaron posibles irregularidades.
La actuación está dirigida a establecer cómo fueron estructurados, adjudicados y ejecutados los contratos suscritos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellos los relacionados con la Unión Temporal Actores Electorales 2026.
El organismo de control solicitó información sobre los valores contratados, fechas de ejecución, objetos contractuales, responsables de la supervisión y los pagos realizados, con el propósito de verificar el uso de los recursos públicos.
La revisión también comprende servicios que van más allá de la capacitación de los testigos, entre ellos herramientas tecnológicas, componentes de ciberseguridad, elaboración y distribución de material pedagógico, así como actividades de acreditación.
Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es el incremento de los recursos proyectados para este proceso. Mientras para las elecciones de 2022 se reportó un costo cercano a los $9.000 millones, durante la planeación de los comicios de 2026 llegaron a contemplarse cifras mucho más elevadas para el proceso de testigos electorales.
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Sin embargo, la Contraloría aún no ha establecido que haya existido un sobrecosto o un detrimento patrimonial. La indagación se encuentra en una etapa preliminar y busca precisamente determinar si hubo actuaciones que pudieron afectar los recursos públicos.
Por ahora, la apertura de esta investigación tampoco implica que el CNE o sus funcionarios hayan sido declarados responsables de alguna irregularidad. Los resultados de la revisión determinarán si existen elementos para avanzar hacia un proceso de responsabilidad fiscal.
El caso cobra especial relevancia debido a que los contratos están relacionados con la organización y vigilancia de las elecciones de 2026, un proceso en el que la preparación y acreditación de los testigos electorales cumple un papel fundamental.
