Según el órgano de control el Sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente en la pandemia.
Serias falencias administrativas y dificultades financieras siguen afectado la gestión del INPEC y de la USPEC, indican los resultados de las auditorías financieras realizadas a estas entidades por la Contraloría General de la República, que suman 223 hallazgos administrativos.
En la auditoría de cumplimiento realizada a INPEC – USPEC, la Contraloría General de la República constituyó 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal, y 15 son de carácter fiscal.
En el caso de la Auditoría Financiera a la USPEC, se determinaron 22 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal.
Y en la Auditoría Financiera del INPEC, se determinaron 70 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y otro más para el inicio de indagación preliminar.
Uno de los hallazgos relevantes es que las demandas contra el INPEC, por presuntas fallas del servicio tienen pretensiones por encima del billón de pesos. Exactamente $1.1 billones a junio de 2020.
La Contraloría determinó también que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.
Adicionalmente, la ejecución del presupuesto del INPEC, como consecuencia de esta situación fue relativamente baja. Particularmente, es baja la ejecución de los recursos de inversión. En este caso, si bien se comprometieron el 86,7% de los mismos, sólo se obligaron y pagaron el 40,4%.
Hechos relevantes detectados
-Contrato 219-2013 establecimiento Buga (hallazgo disciplinario y fiscal): Menoscabo de los recursos públicos pagados a contratista por $62.759.063.434. No hay ejecución del contrato por más de un año ni labores de mantenimiento.
-Obras pagadas no ejecutadas del Contrato de Obra No. 402 de 2014 – Girón, Santander (hallazgo fiscal y disciplinario): En revisión del Contrato de Obra No. 402 de 2014, se observaron inconsistencias en la información registrada en las Actas de recibo a satisfacción lo que permite observar que hasta el acta 36, la USPEC le había pagado al contratista obras que no había ejecutado, por lo que el organismo de control identificó un presunto alcance fiscal por valor $743.004.735,55.
-Unidad de Servicio Penitenciario y carcelario – USPEC: contrato 402 de 2014- por gestión antieconómica e ineficiente al pagar por unos elementos que están instalados, no están terminados ni en funcionamiento, afectando el equilibrio económico en contra de la entidad. Presunto daño patrimonial de $2.393.505.510.
-Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitana de Cúcuta y RM Bucaramanga. Presunto daño patrimonial por la cuantía de $ 400.222.311.
-Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y mediana Seguridad Girón: Contrato que no se cumplió porque la planta no está en funcionamiento, generando un presunto detrimento de $310.314.376.
-Cárcel el Pilamo: Contrato 384 de 2014, por valor de $1.939.798.000. A la fecha el contrato se encuentra suspendido.
-Megacarcel La Candelaria: A la fecha no se cuenta con estudios previos o licencias de construcción, presuntas diferencias entre los avalúos y problemas con la comunidad, no hay consulta previa.
-Colonia Agrícola Yarumal: El convenio marco 393 de 2017 venció el 17 de julio del 2020 y no se renovó porque la Alcaldía de Medellín manifiesta que después de tres años de iniciado el proyecto se presenta una falta de planeación. A la fecha, el total de aportes es de $57.100.595.198, de los cuales la USPEC desembolsó $32.600.595.198.
