El ente de control abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial.
La Contraloría del Magdalena aperturó proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por un presunto detrimento patrimonial en la celebración de un contrato por $11.129.527.500 para la compra de elementos de bioseguridad.
El contrato se habría celebrado en el 2020 por la pandemia del Covid-19 con la Sociedad Comercial Equipar T.M. LTDA, la cual es representada legalmente por Cristian Rafael Pitre Quiñones.
En dicho proceso se encuentran vinculados como responsables el gobernador del Magdalena, la jede fe la Oficina de Contratación, Jenny Camacho Neuto, el exsecretario de Salud y supervisor del contrato, Jorge Bernal Conde y la empresa con la que se suscribió el contrato.
Los presuntos responsables serán llamados a rendir versión libre y espontanea ante el órgano de control.
