El representante del ente de control afirma que suspender la opción tarifaria no es el mecanismo para que se reduzca sustancialmente el costo de este servicio en la región.
El contralor del Magdalena, Alberto Mario Garzón, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 318 de la Ley que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual autorizó al Gobierno Nacional de la época a crear el actual régimen para el cobro excesivo del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
“El alto costo de la energía en la Costa Atlántica afecta a miles de familias. Es hora de poner fin a esta injusticia y proteger el bolsillo de nuestros ciudadanos”, enfatizó Garzón Wilches, quien dijo que esta actuación ante la Corte la ejerce en condición de ciudadano y de contralor del Magdalena.
Explicó además que se hace necesario eliminar la tarifa diferencial impuesta que genera el alto costo de la facturación por parte de las empresas comercializadoras Air-e y Afinia.
Igualmente calificó como “pañito de agua tibia” la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de suspender el cobro de la denominada opción tarifaria a los usuarios del servicio de energía en los departamentos de Magdalena, Atlántico y La Guajira, de la que sostiene no es la fórmula para reducir el costo de la electricidad en la región.
