El Ministerio de Vivienda no cuenta aún con el proyecto para darle viabilización.
Este lunes se desarrolló una nueva sesión en la Comisión Segunda del Concejo Distrital, donde se abordó nuevamente la aprobación del proyecto de acuerdo 027 del 2022, mediante el cual le concedieron facultades a la alcaldesa Virna Johnson para comprometer las vigencias futuras de la ciudad por $1.7 billones para la solución del desabastecimiento de agua.
Los concejales de la Comisión Segunda afirman que el proyecto, que fue presentado el 22 de diciembre del año anterior, tiene vicios, primero porque no fue estudiado por la comisión que le correspondía al ser un proyecto financiero, sino que se pasó por ambiental.
Además, la consultoría Sanear y la interventoría de la Universidad de Antioquia respondieron que el proyecto, al 30 de diciembre que se convirtió en acuerdo Distrital, no tenía todos los documentos terminados, ni los permisos requeridos para su realización.
“Si no estaba un presupuesto entregado a la interventoría y aprobado por la misma, de dónde sacaron la suma de 1.7 billones de pesos, no tenía el plan de manejo ambiental que da la empresa Corpamag. Además, no tenían las especificaciones técnicas de construcción”, manifestó la concejal Marta García.
Al respecto, Rafael Hernández Correa, en representación de la interventoría de la Universidad de Antioquia, dio un cronograma de cuándo fueron aprobados por ellos los pliegos del proyecto.
“La consultoría ejercida por la empresa Sanear terminó su ejecución contractual el 15 de diciembre, fecha en la cual la consultoría dio por terminada sus labores de diseño y formulación; ya que el producto 1, 2 y 3, de los 5 que se tenían, estaban aprobados”, expuso Hernández.
El producto 1 (diagnostico) fue aprobado en noviembre de 2021, el producto 2 (estudios técnicos y ambientales) fueron aprobados en enero y el producto 3 (análisis de alternativas) fue aprobado en febrero del 2022; el producto 4 (diseños definitivos) y producto 5 (formulación) fueron aprobados el 15 de enero del 2023.
Entre el 15 de diciembre y el 15 de enero la consultoría no tenía ninguna labor de ejecución de diseños, únicamente estaban esperando que la interventoría devolviera alguna información para ser ajustada.
Asimismo, aclaró que el proyecto terminaría costando más de 1.7 billones, teniendo en cuenta que los precios de los materiales aumentan año tras año.
“Este proyecto por la dimensión que tiene no va a ser construido en 1 año, se estimó que fuera construido en un termino de 3 a 4 años, lo que quiere decir que ese valor cuando el proyecto inicie operación será totalmente diferente”, puntualizó Hernández.
Apoyo del Gobierno Nacional
Aníbal José Pérez García, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, estuvo como invitado en la sesión y en su intervención se comprometió con el proyecto, afirmando que tenían toda la intención de ayudar a que sea una realidad.
Sin embargo, enfatizó que no han recibido el proyecto de manera oficial para darle viabilidad técnica.
“Estamos prestos a atender, el Distrito nos ha enviado información del proyecto, la última entró a mi despacho el 30 de diciembre con información relevante a manera de comunicación y no de viabilización”, manifestó el ministro Pérez.
El viceministro expuso que el presupuesto para el 2023 de su cartera es de 1 billón y tiene la expectativa de tener durante los cuatro años una cifra equivalente, por lo que se complicaría la entrega de 1.7 billones para el Distrito.
En defensa de la aprobación de las vigencias futuras salió el concejal Juan Carlos Palacio, quien aseguró que en los argumentos esbozados por los invitados existían incoherencias, que fueron replicadas ante la opinión pública.
“Es mentira que el proyecto fue aprobado sin los requisitos legales, porque como ponente del primer debate, le entregué los documentos indispensables para que la iniciativa pudiera seguir su curso en la corporación. El ‘cacareo’ que no hay proyecto, o que no está terminado, o que no lo encontraron, carece de sentido porque este mismo tiene un número de radicación”, puntualizó.
