El excandidato presidencial Carlos Caicedo y varios altos funcionarios de diferentes países de Europa y América solicitaron al presidente de la República, Iván Duque, que reconsidere las seis objeciones que le hizo a Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Así lo dio a conocer el dirigente costeño a través de su cuenta personal de Twitter, en la cual resumió dicha petición a través de un trino que lleva adjunto el manifiesto oficial firmado por él y otros 17 representantes de la comunidad internacional, quienes se dirigieron al jefe de Estado.
“A través de manifiesto, comunidad internacional solicita al presidente Iván Duque retirar sus objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y regresar al Estado Colombiano las garantías de cumplimiento de los acuerdos de paz”, publicó Caicedo en la red social.
LOS FIRMANTES
La carta fue remitida a nombre del eurodiputado del Grupo Verde español y vicepresidente de la Asamblea Euro-parlamentaria, Ernest Urtasun; el presidente del Parlamento del Mercosur (ParlaSur), el uruguayo Daniel Caggiani, quien fue apoyado por sus compañeros diputados del ParlaSur: los también uruguayos Marcos Otheguy y Lilián Galán; el brasileño Humberto Costa; el paraguayo Ricardo Canese; y los argentinos Cecilia Merchán, Julia Perié, Julio Sotelo, Mario Metaza, Gabriel Mariotto y Gastón Harispe.
Conjuntamente firmaron la Diputada argentina, Victoria Donda; el responsable de relaciones internacionales del movimiento Podemos de España, Pablo Bustinduy; los diputados españoles Raimundo Viejo y Antón Gómez; las senadoras españolas Idoia Villanueva y Sara Vila; y el vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello.
En la misiva, los representantes de España, Argentina, Uruguay y Paraguay aseguraron conocer la postura del mandatario nacional de objetar “seis de los de los 159 artículos de la Ley Estatutaria, según documento presentado el día 11 de marzo del presente año, que se sustenta en consideraciones de inconveniencia; así como, su propuesta de reabrir un debate sobre los mismos en el Congreso de la República y ante la decisión de presentar un nuevo proyecto de acto legislativo abiertamente modificatorio del contenido del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado colombiano y las Farc”.
LOS 5 PUNTOS DEL MANIFIESTO:
De igual forma, el texto resalta cinco puntos específicos en los que se detallan las diferentes solicitudes por cuenta de la colectividad internacional.
“Primero, consideramos que su decisión de objetar la ley reglamentaria de la JEP, argumentando razones de inconveniencia, afecta gravemente a la Justicia transicional representada en la JEP, a los derechos que poseen las víctimas de obtener la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, y sobre todo a la implementación del Acuerdo de Paz; segundo, le exhortamos a garantizar que el Estado colombiano cumpla los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas en el acuerdo final para el fin del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera. El funcionamiento de la JEP con el pleno apoyo de la institucionalidad no es discrecional del fuero presidencial, ni de ningún órgano del poder público; su legalidad estuvo sometida al control de la Corte Constitucional y encontrada ajustada al ordenamiento constitucional vigente”, reza la misiva.
Asimismo, en el escrito se anotó: “Tercero, expresamos nuestra profunda preocupación por el clima de incertidumbre jurídica que ha generado su decisión, ante las posibles afectaciones en la definición de la situación jurídica de los desmovilizados de la Farc y de los militares vinculados a la JEP, en virtud del Acuerdo de Paz”.
A párrafo seguido, los solicitantes apuntaron: “Cuarto, consideramos que su decisión de objetar entorpecerá la implementación de los acuerdos de Paz. Le recordamos que la Misión de Observación de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional ha emitido pronunciamientos en torno a la gravedad de la situación que se produciría de persistir las conductas tendientes al incumplimiento por parte del gobierno, específicamente en lo relativo a las obligaciones de justicia del Estado con las víctimas del conflicto armado, los desmovilizados y los demás actores o terceros que han decidido acogerse a la JEP”.
Finalmente, los dignatarios mundiales recordaron en el quinto punto que el pasado 13 de marzo, la Corte Constitucional acogió en fallo la constitucionalidad de la JEP; así como, la competencia de ésta para conocer sobre los casos relacionados con la extradición de excombatientes y con el juzgamiento de los militares acogidos a la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Por los motivos anteriormente presentados, los firmantes, le instamos a retirar sus objeciones a la Ley de la Jurisdicción Especial para la Paz y regresar al Estado Colombiano las garantías de cumplimiento de los acuerdos establecidos, en observancia a los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional”, concluyeron.
