En esta semana algunos planteles educativos han sido noticia por casos en el que sus estructuras se vienen al piso causando, en algunos casos, lesiones a estudiantes. Uno de los hechos más recientes con mayor revuelo fue el ocurrido en el colegio Gimnasio Bolivariano, donde un abanico se descolgó y afectó a un menor de edad.
Otros casos de mayor magnitud se presentaron en las últimas horas. En el barrio 20 de octubre, la comunidad documentó la caída del techo que cubre el restaurante escolar que funciona en la institución. Por fortuna este accidente no se presentó en día donde decenas de niños reciben su ración diaria.
Marlene Peña, rectora del colegio, habló de los daños generados y además especificó que los salones donde se imparten las clases fueron construidos por recursos aportados por la misma comunidad, mientras que el restaurante sí fue una inversión hecha por el Distrito hace más de 20 años.
“La situación ocurrió en horas de la noche de ayer. Se desplomó el techo y se averió una pared del salón-comedor. Aún no se sabe las pérdidas económicas que dejó esta caída. La cocina también sufrió daños”, dijo Peña.
La docente expresó su preocupación por el abandono que han sentido por parte de gobierno local, pues, “la última intervención hecha a esta sede educativa fue en el 2018, cuando se arregló la batería sanitaria. Aquí no realizan inspecciones constantes”.
Paralelamente en el colegio Rodrigo de Bastidas se presentó una situación semejante, el cielo raso se ha venido debilitado hasta el punto de caerse no solo en corredores de la escuela, sino en algunos salones.
Idelfonso Orozco, presidente de la Reed de Veedurías del Distrito, confirmó el siniestro y además afirmó que, “esto está ocurriendo en la estructura nueva en las aulas, y en la parte de atrás se ha caído todo el material. A pesar de nuestro papel, el rector no nos ha dejado entrar para fotografiar más de cerca. Los padres de familia son quienes nos han informado la situación”.
La veeduría tomó acciones legales para que la Secretaría de Educación haga presencia en lugar y brinde garantías de protección de los menores. “Nosotros colocamos una tutela para amparar los derechos fundamentales de los niños porque nos preocupa lo que pueda pasar con ellos teniendo presente el artículo 44 de Constitución Política. Vamos a poner en conocimiento a los entes de control, así como le enviaremos una carta al Secretario de Educación para que se apersone del asunto” concluyó Orozco.
De acuerdo a la veeduría, la obra tuvo un valor cercano a los $22 mil millones de pesos.
Las comunidades afectadas esperan una pronta solución porque quienes están en peligro son menores de edad.
