El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió solicitud formal para revocar la inscripción de Miguel Ignacio Martínez Olano como candidato a la Gobernación del Magdalena por el partido ADA, en las elecciones atípicas previstas para el 23 de noviembre de 2025.
La demanda fue presentada por la ciudadana Zunilda María Galván Castilla, quien acusa al político de incurrir en una inhabilidad debido a la coincidencia de períodos: actualmente, Martínez Olano es concejal electo de Santa Marta, cargo que se solapa con su postulación a la Gobernación.
En su petición, Galván no solo denuncia una inhabilidad jurídica, sino que también califica la actitud del candidato como un “fraude al electorado” y una “instrumentalización del mandato popular”.
Según ella, al abandonar su puesto en el Concejo Distrital de Santa Marta, Martínez Olano estaría traicionando la confianza de los samarios que lo eligieron para supervisar los contratos más costosos de la ciudad, justo en un momento clave para la capital del Magdalena.
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El político samario, que llegó al Concejo con un discurso firme contra la corrupción, ha sido blanco de críticas tanto de sus opositores como de antiguos aliados. En redes sociales, se viralizó una polémica frase suya: “Me voy porque ni siquiera estoy robando”, la cual, lejos de justificar su renuncia, ha sido interpretada como una confesión involuntaria de incoherencia política y de la fragilidad de su propuesta de cambio.
El fundamento de la solicitud radica en el artículo 53 de la Ley 2200, que prohíbe a cualquier persona que ocupe un cargo público aspirar simultáneamente a otro de elección popular cuando sus períodos se solapan, aunque sea parcialmente. La ciudadana solicitante también invoca la competencia del CNE, según lo dispuesto en el artículo 265 de la Constitución, para decidir sobre la revocatoria de inscripciones en casos de inhabilidades comprobadas.
Más allá del tecnicismo legal, el caso de Martínez Olano pone sobre la mesa una discusión profunda sobre la ética en la política y la coherencia de quienes se presentan como “renovadores”.
Para algunos analistas locales, su decisión de postularse a la Gobernación podría ser vista como un “voto silencioso a favor de la corrupción”, pues abandona su responsabilidad en un momento crítico para la fiscalización de los recursos públicos en Santa Marta.
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Ahora, el CNE deberá analizar las pruebas presentadas y decidir si procede con la revocatoria de la inscripción, que según los especialistas en el tema tiene una alta probabilidad que sea revocada. Por su parte, la demandante en declaraciones que entregó a distintos medios, manifestó que que su equipo jurídico compuesto por exmagistrados también asegura que sus alegatos tienen la contundencia suficiente para que declaren la inhabilidad.
