Un panfleto firmado por las AGC anuncia una nueva fase del “plan pistola”, esta vez contra operadores judiciales del departamento del Cesar. Las autoridades refuerzan la seguridad y alertan que la amenaza representa un ataque directo al Estado de derecho.
La Rama Judicial vuelve a estar en la mira de las estructuras criminales en Colombia. En esta ocasión, el Clan del Golfo–también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– desató una nueva ola de terror al declarar como “objetivos militares” a jueces y fiscales que operan en el departamento del Cesar.
El anuncio fue hecho a través de un panfleto fechado el 13 de abril, que circula ampliamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería. En el documento, firmado con las siglas de las AGC, el grupo armado ilegal amenaza de muerte a funcionarios judiciales, acusándolos de actuar en contra de la organización y de no seguir sus órdenes.
“Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado. No los perdonaremos, jueces y fiscales. No estamos jugando. Los acribillaremos”, se lee textualmente en el escrito, acompañado por una imagen de hombres armados en un supuesto campamento guerrillero.
El documento menciona con nombres propios a dos funcionarias adscritas al distrito judicial de Valledupar: la fiscal Lina Oñate y la jueza Mónica Quiroz, lo que ha incrementado la preocupación en la región Caribe, donde los actores armados ilegales mantienen influencia en zonas rurales y urbanas.
Desde la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial Seccional Cesar, se emitió un enérgico pronunciamiento rechazando las amenazas y exigiendo al Gobierno nacional atención prioritaria para garantizar la vida e integridad de los funcionarios del sector justicia.
“La justicia no se detendrá. No permitiremos que las armas silencien la ley”, expresó la Comisión en su comunicado, al tiempo que agradeció la reacción inmediata de la Policía Metropolitana de Valledupar, encargada de activar los protocolos de seguridad.
En respuesta a esta nueva ofensiva, el presidente Gustavo Petro ordenó un despliegue urgente de tropas en zonas estratégicas del Cesar, Magdalena, Antioquia y Córdoba, donde el Clan del Golfo mantiene presencia activa. Además, se contempla la reubicación de algunos funcionarios en riesgo y la asignación de nuevos esquemas de protección.
Desde el Ministerio de Defensa, se informó que se han reforzado los operativos de inteligencia y contraofensiva en las regiones afectadas, mientras que el alto gobierno advirtió que no cederá ante amenazas de organizaciones criminales que buscan desestabilizar el sistema judicial y presionar la liberación de sus cabecillas.
El reciente panfleto no solo revive el temor por los ataques del “plan pistola” –que ha cobrado la vida de más de 31 policías y militares en semanas recientes–, sino que marca una peligrosa escalada al incluir como blancos a los operadores judiciales, pilares del Estado de derecho en el país.
