Aunque el Gobierno denunció una toma con presunto respaldo armado y ordenó el cierre, dentro del Tayrona indígenas y campesinos administran el ingreso y continúan recibiendo turistas.
El Parque Nacional Natural Tayrona atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Mientras el Gobierno Nacional asegura que el área protegida fue tomada con respaldo de una estructura armada ilegal, dentro del territorio la escena parece contradecir esa versión: turistas ingresan con normalidad, las taquillas operan y comunidades indígenas y campesinas gestionan el acceso.
La crisis ha dejado al descubierto un choque frontal entre la institucionalidad y las comunidades ancestrales, en medio de denuncias que escalan a un asunto de seguridad nacional.
La grave denuncia del Gobierno: presencia armada y control ilegal
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó una alerta que encendió todas las alarmas. Según información de inteligencia, la ocupación del parque por parte de comunidades indígenas contaría con el respaldo de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachenca’.
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De acuerdo con el funcionario, esta estructura estaría aprovechando la situación para fortalecer su control territorial y obtener beneficios económicos, mediante un esquema en el que quienes generan ingresos dentro del parque tendrían que realizar aportes obligatorios.
El ministro también aseguró que la presión ejercida en el área habría obligado al retiro de la institucionalidad, incluyendo guardaparques que, según la denuncia, fueron intimidados, despojados de sus uniformes y sometidos a amenazas que quedaron registradas en videos.
Ante este escenario, Parques Nacionales tomó la decisión de cerrar el Tayrona de manera indefinida, argumentando que no existen garantías de seguridad para el personal ni para el control estatal del territorio.
Otra realidad dentro del parque: taquillas abiertas y control comunitario
Sin embargo, dentro del Tayrona la situación parece distinta. Comunidades indígenas kogui, acompañadas de líderes campesinos, mantienen el control de los accesos y continúan permitiendo el ingreso de visitantes.
En las entradas, el cobro se realiza bajo la figura de una “colaboración” destinada, según las comunidades, al sostenimiento del territorio ancestral y al bienestar de sus habitantes.


