El cabildante indicó que la intervención no cumple con lo requerido para llevarse a cabo.
Las opiniones frente a la intervención desarrollada por la Superservicios a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, no se han hecho esperar. En la mañana de este martes estuvo como invitado en Smad Radio Web el concejal Efraín Vargas, quien indicó que esta era una decisión que “se veía venir”.
El funcionario manifestó que desde hace meses era algo que se venía gestando entre el Gobierno Nacional con el senador Honorio Henríquez y el Representante a la Cámara Hernando Guida, quienes presuntamente se habrían reunido en Santa Marta.
“En días anteriores se dio una reunión bastante extraña, en donde el ministro de Vivienda que llegó a la ciudad nunca tuvo una reunión con la alcaldesa, ni con el gobernador que pudiera justificar su presencia en la ciudad. Todo lo contrario, se dio una reunión con el senador Honorio Henríquez y el representante a la Cámara el señor Guida”, informó Vargas.
El Cabildante, también indicó que luego, puntualmente el 23 de octubre, se llevó a cabo el Cuarto Foro de Precandidatos Presidenciales del Centro Democrático, en donde, se habría tomado la decisión de realizar la intervención a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta.
“Un punto en común que mencionaban todos los precandidatos era la Essmar, que hasta inclusive se dio la oportunidad de que ellos solicitaron a la Superintendencia que se interviniera esta empresa”, agregó el concejal.
Otro dato curioso según manifestó Vargas, fue que la Contraloría General de la Nación le hubiese quitado a la Essmar, la facultad de vigilar en temas fiscales al grupo Interaseo.
“Acto seguido también la Superintendete Natasha Avendaño empezó a despachar desde Santa Marta, todo esto nos indicó a pensar que la intervención estaba en camino”, puntualizó.
Finalmente, el Concejal Efraín Vargas, manifestó que la intervención no cumple con tres requerimientos necesarios para adelantar la diligencia como lo son: Condición financiera deplorable, continua interrupción en la prestación del servicio y que la prestación genere problemas de orden público en la comunidad.
