Más de 78.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en 2025, mientras comunidades enteras permanecen aisladas sin ayuda humanitaria.
La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa profundizándose en medio de un conflicto armado que no da señales de ceder. La Defensoría del Pueblo advirtió que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta subregión de Norte de Santander han provocado, solo en lo corrido de 2025, más de 78.000 desplazamientos forzados, convirtiendo a municipios como Tibú y El Tarra en los epicentros de una emergencia prolongada y cada vez más compleja.
Ante el recrudecimiento de la violencia, el organismo activó la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, señalando los choques armados entre el ELN y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como el control territorial que ejerce el ELN en amplias zonas rurales.
Según la Defensoría, la combinación de economías ilegales, débil presencia institucional y estructuras de poder paralelo ha derivado en confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y prácticas de coerción social que vulneran de manera sistemática el Derecho Internacional Humanitario.
El panorama se agrava con la creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú para integrantes del Frente 33, autorizada por el Gobierno nacional en mayo y prorrogada el pasado 23 de diciembre. La Defensoría advirtió que la iniciativa carece de protocolos claros y que su implementación, en medio de un conflicto activo, podría incrementar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.
Los hechos recientes reflejan la magnitud de la crisis. Desde el 14 de diciembre se han intensificado los combates en Tibú y El Tarra, dejando decenas de familias desplazadas y miles de personas confinadas. En el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —alrededor de 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos debido al paro armado del ELN y los enfrentamientos.
En la vereda Kilómetro 16.223 personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas, mientras que los ataques con drones en el sector de Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.
A esta situación se suma la limitada capacidad de respuesta de las alcaldías de Cúcuta y Tibú, que enfrentan dificultades operativas y presupuestales tras el vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La inseguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, lo que hace prever un subregistro considerable de víctimas.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales a fortalecer de manera urgente las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío inmediato de ayudas y habilitar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. De igual manera, reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las hostilidades y respeten el Derecho Internacional Humanitario.
El clamor institucional es respaldado por cerca de 28 organizaciones sociales del Catatumbo, que alertaron sobre una grave escalada de la crisis en los últimos días. Estas organizaciones denunciaron nuevos desplazamientos, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y afectaciones directas a la población civil, especialmente a comunidades campesinas e indígenas, niñas, niños, personas mayores y líderes sociales.
“Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados”, señalaron, al tiempo que ratificaron su acompañamiento a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el territorio.
