El Alcalde deberá dar cuentas de una denuncia ciudadana donde lo señalan de supuestas irregularidades en la contratación de $113 millones de pesos con el supermercado ‘Superlay’.
Luego de que un colectivo de veedores locales de Fundación dirigieran un derecho de petición a la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena solicitando información de las acciones adelantadas por ese despacho, en torno a la Denuncia-2020-176148-80474-D que pide abrir una investigación en torno al contrato celebrado entre la Alcaldía municipal y el supermercado ‘Superlay’, por valor de $113.989.700, el órgano se pronunció.
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La denuncia ha sido trasladada a la Contraloría del Magdalena, para que de acuerdo a sus competencias esta compruebe si existió o no sobrecostos en los kits alimenticios entregados en medio de la pandemia.
El pleito contractual que tiene en jaque a Carlos Sierra Sánchez, mandatario local, se dio bajo la modalidad de contratación directa, utilizando, además, la figura de urgencia manifiesta, contemplando el suministro de 1.198 ayudas alimentarias a igual número de familias.
Según las cuentas, cada mercado debía costar $95.150 pesos, pero los veedores cotejando con otros veedores de la población indicaron que el valor no sería superior a los $62.501 pesos, presentando un presunto sobrecosto de $32.649 pesos.
De acuerdo con el contrato, a cada familia se le habría entregado 10 libras de arroz, 8 de pastas, 5 de lentejas, 1 litro de aceite, 5 panelas, 5 libras de harina, 1 de café y 2 latas de sardina, pero en la discriminación del presupuesto y la cotización no se especifica las marcas de los productos, a sabiendas de que los precios están directamente relacionados con el fabricante.
Sierra, había sido denunciado en primera instancia ante el fiscal Misael Núñez Ochoa, de la Fiscalía 40, pero la querella fue remitida a la Dirección Seccional de Fiscalías Magdalena, con la finalidad de que ordenera su reparto entre los Fiscales Adscritos a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
En medio de la coyuntura social que enfrenta el mundo, la comunidad pide al órgano de control que esclarezca la situación.