Líderes campesinos denuncian supuestas anomalías en el proceso de adjudicación de predios adelantado por la Agencia Nacional de Tierras. Aseguran haber recibido amenazas y advierten sobre el riesgo de un conflicto por la posesión de los terrenos.
La adjudicación de tierras en el municipio de Remolino, Magdalena, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que un grupo de campesinos y líderes sociales denunciara presuntas irregularidades en el proceso adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y solicitara la intervención del presidente electo Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con los denunciantes, el programa que buscaba beneficiar a víctimas del conflicto armado y campesinos sin tierra habría dejado por fuera a numerosos labriegos que esperaban acceder a un predio para trabajar, mientras que otras personas habrían resultado favorecidas en medio de un proceso que, según afirman, debe ser investigado.
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Los reclamantes aseguran que la situación ha generado un ambiente de tensión en el municipio y denuncian haber recibido presuntas amenazas e intimidaciones relacionadas con la disputa por la posesión de los terrenos.
Denuncian presuntas irregularidades en la adjudicación
Según los líderes campesinos, cerca de 200 personas participaron inicialmente en el proceso impulsado por el Ministerio de Agricultura con la expectativa de acceder a tierras como medida de reparación y desarrollo rural.
Sin embargo, sostienen que durante la adjudicación varios campesinos fueron excluidos, mientras que algunos predios terminaron siendo asignados a asociaciones que, según los denunciantes, no cumplían con todos los requisitos establecidos.
Asimismo, afirman que la inconformidad llevó a la ocupación de algunos terrenos por parte de personas que reclamaban ser incluidas dentro del programa.
Los denunciantes también señalaron que existen predios adjudicados que aún no han podido ser ocupados por sus beneficiarios debido a conflictos por la posesión de las tierras.
Piden investigaciones y garantías
Los líderes sociales manifestaron que las presuntas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de los organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se determine si existieron actuaciones contrarias a la ley durante el proceso de adjudicación.
Además, solicitaron al gobierno entrante revisar lo ocurrido en Remolino y brindar garantías tanto para los campesinos beneficiarios como para quienes aseguran haber sido excluidos del programa.
Según los reclamantes, una intervención institucional permitiría evitar que el conflicto por la tierra escale a nuevos hechos de violencia en esta zona del departamento del Magdalena.
Hasta el momento, la Agencia Nacional de Tierras no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias específicas contenidas en este caso, por lo que se espera que las autoridades competentes verifiquen los señalamientos y determinen si existen o no irregularidades en el proceso.
