El objetivo de la protesta es exigir la fijación de un precio base para la carga del cereal, medida que permitiría reducir las pérdidas económicas y proteger a los pequeños productores del país, quienes hoy enfrentan serias dificultades para sostener sus cultivos.
La drástica caída de $410.714 en el precio por tonelada de arroz durante el último año, sumada al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura, ha llevado al gremio arrocero a convocar su segundo paro nacional de 2025, con fecha de inicio el próximo 14 de julio.
Aunque Fedearroz la Federación Nacional de Arroceros, ha manifestado que no respalda oficialmente el paro, advirtió que es urgente que el Gobierno cumpla con los acuerdos previamente pactados.
“El precio debe fijarse entre $200.000 y $220.000 por carga. Hoy, en la región centro se paga apenas $170.000, y en los Llanos, donde está la mayor producción del primer semestre, apenas $158.000”, explicó Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz.
¿Por qué cae el precio del arroz?
La razón principal es la sobreoferta, pues, los agricultores aumentan la siembra por expectativa de buenas ventas, pero en época de cosecha esto termina saturando el mercado y desplomando los precios.
A este fenómeno se suma la eliminación en 2023 de los incentivos de almacenamiento, medida que agravó el panorama para los productores.
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Ese subsidio estatal permitía guardar parte de la cosecha por al menos cuatro meses, ayudando a regular la oferta y a sostener un precio de referencia que garantizara ingresos dignos. Sin este respaldo, los campesinos hoy enfrentan la cosecha sin red de apoyo y con un mercado colapsado.
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¿Qué dice el Gobierno?
Aunque evitó referirse a los compromisos pactados con el gremio, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reconoció la gravedad de la situación. “Los precios del arroz paddy han caído más de lo esperado, justo cuando esperamos recibir más de 3 millones de toneladas en esta cosecha”, señaló.
La funcionaria afirmó que se estudian medidas legales para regular el precio y sostuvo que la prioridad del Gobierno es proteger la producción nacional y garantizar que los agricultores reciban una compensación justa por su trabajo. “Tenemos un inventario alto, se han reducido las importaciones y el consumo se ha mantenido. Por eso evaluamos las distorsiones del mercado”, dijo.
