El representante a la Cámara, César
Lorduy, calificó como en vano las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico al exalcalde Carlos Caicedo, que condicionan los
incrementos en la tarifa de Electricaribe.
Aseguró que las medidas contempladas
en el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, no son tienen
mayores efectos porque ya se están cumpliendo.
Dijo el congresista que Caicedo
debería renunciar a cualquier aspiración política, a raíz de esta decisión.
“Ellos que dicen ser tan
transparentes deberían ser consecuentes y no usar con fines políticos
decisiones judiciales que, entre otras, no tienen mayores efectos porque ya se
están cumpliendo”, señaló el congresista.
Lorduy indicó que no cree esta
decisión haya sentenciado la carrera a la Gobernación del Departamento de
Magdalena.
“Aún no hay nada sentenciado en ese
tema. Me parece bien que se hagan las mesas de trabajo pero no se puede hacer
eso y aspirar a un cargo de elección popular al mismo tiempo”.
Según un comunicado enviado por el
equipo de prensa de Carlos Caicedo, el Tribunal Contencioso Administrativo del
Atlántico, resolvió frenar un posible incremento de las tarifas del servicio
que Electricaribe le presta a un gran sector de los habitantes de la Costa;
además de suspender el proceso de contratación de terceros operadores.
En el texto de la providencia
proferido el pasado 18 de enero de 2019 y notificado por estado electrónico el
12 de febrero de la presente anualidad se ordena a la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del
servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue
dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los
Departamentos afectados -en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a
fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen
funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales
de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a
la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las
modificaciones tarifarias a adoptar.
Señala la providencia que las
audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte
actora, en este caso Carlos Caicedo, quien interpuso la acción popular para
frenar la privatización de la Empresa Electicaribe y el aumento de las tarifas.
