De manera provisional, autoridades de Tránsito deben garantizar una hora a los conductores para que subsanen algunas infracciones. Ya no es discreción de la Policía. Esto, debido a que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la palabra “Podrá” del artículo tercero de la Resolución 3027 de 2010 del Ministerio de Transporte, en atención a una demanda del abogado Melkis Kammerer, quien explicó que con esta palabra se violaban los derechos de los conductores.
“¿Qué sucede? Que el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito establece que cuando la infracción se subsane en el lugar de los hechos no da lugar a inmovilización, sobre esa medida, sobre ese artículo el Ministerio de Transporte de forma ilegal manifestó y reglamentó que sí, que tendrán que conceder los 60 minutos para que el presunto infractor subsane la infracción en el lugar de los hechos, pero esa palabra ‘Podrá’ que autoriza a la Policía de Transito nunca la cumple porque el objetivo de ellos es inmovilizar el vehículo”, indicó el abogado.
Según el demandante, más de tres millones de inmovilizaciones se han realizado en el país por agentes que se basan en ese artículo.
El abogado agregó también que “por ejemplo, si un motociclista lleva el casco en la mano y se lo coloca en el lugar de los hechos ya esa inmovilización se subsana, al igual que una persona que venga borracha busca a alguien que le lleve el vehículo. Eso sí que la infracción va porque va”.
Las autoridades de tránsito le están
dando cumplimiento a la medida cautelar del Consejo de Estado desde hace seis
días.
Víctor Arismendy, ex secretario de Tránsito Santa Marta y actualmente jefe de
esa unidad en Valledupar manifestó al diario El Pilón que “desde el 6 de
febrero a través de una circular del Ministerio de Transporte y la Dirección de
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, obedeciendo precisamente esta
medida cautelar donde se les da 60 minutos a los infractores para que puedan
subsanar algunas de las causas que originan comparendos y multas de tránsito”.
Se prevé que una vez se publique el fallo definitivo del Consejo de Estado recaerían sobre el Ministerio de Transporte miles de demandas de reparación.
