Propietarios podrían exigir la restitución del inmueble sin que el juez evalúe desempleo, enfermedad o carga familiar.
Un cambio legal en Colombia ha encendido el debate sobre el equilibrio entre propiedad privada y derecho a la vivienda. Según lo planteado, la norma permitiría que los desalojos avancen aun cuando el arrendatario demuestre estar en una situación económica crítica.
En la práctica, esto significaría que factores como pérdida de empleo, enfermedades o la presencia de menores en el hogar dejarían de tener peso en la decisión judicial, limitando la posibilidad de frenar un desalojo por razones de vulnerabilidad.
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El tema ya genera preocupación entre organizaciones sociales, que advierten sobre un posible aumento de familias sin techo y un agravamiento de la crisis habitacional en el país.
Para estos sectores, la discusión va más allá de lo jurídico: se trata de un modelo que podría dejar en segundo plano el derecho a una vivienda digna frente a los procesos de restitución de inmuebles.
Sin embargo, otros actores sostienen que la medida busca dar mayor seguridad jurídica a los propietarios y agilizar procesos que, en muchos casos, se prolongan por años.
