El silencio del Director del reclusorio y el incremento de los casos de Covid-19 al interior, han levantado sospechas de la forma cómo el penal se preparó para la pandemia.
Con un hacinamiento del 269% la cárcel Rodrigo de Bastidas es uno de los conglomerados de más cuidado en el manejo de la pandemia, debido a las condiciones propias del reclusorio, esto aunado con las precarias condiciones de salud de varios internos que presentan comorbilidades asociadas al VIH, y a la tuberculosis; y también a la presencia de adultos mayores.
Este escenario representa factores que disponen al contagio expansivo del Covid-19. Pero a pesar de lo que está ocurriendo no ha existido un informe de las directivas del penal en el que expongan la verdadera situación de los presos. Pareciera que hay un subregistro de casos porque las estadísticas que informa el Ministerio público no coinciden con las que entrega el centro penitenciario.
Las condiciones al interior de los pasillos se ha podido conocer gracias a los mismos reclusos que, por ejemplo, apenas advirtieron que eran positivos para coronavirus e iban a ser aislados en precarias condiciones de asepsia e higiene, hicieron viral un video en el que mostraban el espacio escogido por el Inpec para cumplir con la cuarentena.
Luego, ha sido la Personería Distrital la que ha tomado vocería junto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional, impetrando oficios y tutelas para que desde la jurisprudencia se obligue al coronel Pedro Hugo Ángel Gómez a que actúe.
Las acciones cuestionadas de Ángel ya han sido castigadas, en otro escenario, por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Santa Marta, quien profirió en su contra la medida de aseguramiento por 3 meses por desacatar las disposiciones de un fallo de tutela.
El coronel también debía pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto por no entregar un informe detallado que era pedido por Juan Pertúz Llanos, en el que solicitaba amparo de los derechos fundamentales en favor de la población privada de la libertad.
Su silencio tocó fondo al no pronunciarse sobre la muerte del médico Juan Diazgranados, quien se contagió en el penal mientras atendía la pandemia. Su muerte no quedó en el anonimato ya que su espíritu samario y recto profesionalismo hacían que sobresaliera y fuera recordado por sus pacientes y amigos, pero si su memoria dependiera de la Rodrigo de Bastidas, su obra y legado habrían pasado de agache.
Otra de los últimos cuestionamientos a las presuntas omisiones del penal en este tiempo de crisis, es la falta de implementación de lugares de aislamiento para los mismos auxiliares que presentan el servicio militar en el Inpec. Según la pretensión de la Personería en una primera tutela, buscó evitar que los sospechosos de Covid-19 no convivieran con las personas sanas, pues, constituía un posible contagio masivo.
El virus llegó al pasillo de las mujeres y el Personero Edward Orozco, ha dicho que no recibió información clasificada de cuántas internas tenían el brote. Asimismo, ha conminado a la Fiduprevisora a quienes junto al Inpec les compete el servicio carcelario, para que se refuercen los planes de contingencia en la brevedad del caso.
En la actualidad no se sabe cuál es la cifra real de activos. Las familias de la Población Privada de la Libertad esperan garantías para que la historia de otras cárceles no se replique en Santa Marta.
