La secretaria de la Mujer, Íngrid Gómez Ceballos intervino en el Congreso de la República y sus propuestas fueron aceptadas en el Proyecto de Ley 315 de 2025; un resultado que nació del trabajo con víctimas reales en la ciudad de Santa Marta.
En días anteriores en el Salón de Sesiones ‘Roberto Camacho Weverberg’ del Congreso de la República, tuvo lugar la audiencia pública en la que participó la Alcaldía de Santa Marta, sobre Proyecto de Ley 315 de 2025, iniciativa legislativa que busca crear la Comisión Nacional de Investigación para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral a víctimas de abuso sexual en contextos clericales y religiosos.
En representación de la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, la secretaria de la Mujer, Ingrid Gómez Ceballos, intervino en este espacio con argumentos sólidos, sustentados en la experiencia directa de atención a víctimas en Santa Marta. El resultado fue contundente: las tres proposiciones presentadas desde la Secretaría fueron aceptadas y quedarán incorporadas al Proyecto que continúa su curso en la Cámara de Representantes.
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La primera proposición plantea establecer rutas de atención especializadas e independientes, sin ninguna intervención de las instituciones religiosas en el manejo de los casos como una garantía indispensable cuando, con frecuencia, la víctima debe denunciar ante la misma institución que protege a su agresor.
La segunda, busca ampliar el alcance protector de la ley para incluir explícitamente a las mujeres adultas, cuyo reconocimiento como víctimas de abuso clerical no podía quedar subordinado al de los menores de edad, únicos contemplados con claridad en el articulado original.
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La tercera traza como principio rector que la prioridad absoluta de cada protocolo y cada decisión debe ser la víctima y sus derechos, un mandato que parece elemental, pero que históricamente ha cedido ante la protección de la imagen institucional.
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“Vengo de una ciudad donde la fe está en el centro de la vida comunitaria, y precisamente por eso sé que en muchos casos esa fe es usada como instrumento de abuso. He visto llegar a nuestra secretaría a mujeres rotas, avergonzadas, que tardaron años en atreverse a hablar porque nadie les creyó. Este Proyecto de Ley es la oportunidad de que el Estado las ponga en primer lugar y no a la institución, no a la imagen, no al cargo: a ellas. Las víctimas merecen verdad, merecen justicia, merecen reparación. Y Santa Marta llegó al Congreso a decirlo con nombre propio”, indicó la secretaria de la Mujer, Ingrid Gómez Ceballos.
Los alcances de la Ley
Cabe recordar que la iniciativa legislativa, radicada bajo el número 315 de 2025, tiene como objeto establecer mecanismos para la investigación, el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas de delitos sexuales cometidos en contextos clericales o religiosos, aplicable a todas las confesiones con presencia en el territorio nacional.
Este logro legislativo no surgió de la teoría, es el resultado directo del trabajo que la Alcaldía de Santa Marta a través de la Secretaría de la Mujer viene realizando con víctimas reales, en tiempo real.
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Cifras y denuncias
Es importante destacar que el 3 de abril de 2024, catorce mujeres se presentaron en la sede de la Secretaría de la Mujer para denunciar a un mismo agresor: el pastor de una iglesia cristiana reconocida en la ciudad. Según sus relatos, el religioso había ejercido durante un tiempo prolongado conductas sistemáticas de manipulación emocional, coerción psicológica y control sobre sus vidas, utilizando su posición de autoridad y la doctrina religiosa como mecanismos de sometimiento. Las afectaciones reportadas abarcaron su estabilidad familiar, su vida laboral, su credibilidad social y su salud mental. De inmediato fueron atendidas con orientación jurídica y psicosocial.
Durante su intervención, se presentaron cifras que dimensionan la urgencia de esta legislación. Para 2023, alrededor de 585 sacerdotes habían sido denunciados en Colombia por abuso sexual, con el 94% de los casos ocurridos en los últimos 20 años. De ellos, solo 51 han sido condenados (9 en el exterior). Dieciséis fueron absueltos, en su mayoría por tecnicismos o falta de representación jurídica para las víctimas. Y de manera alarmante, 160 de los sacerdotes denunciados siguen ejerciendo el sacerdocio activamente. En ese mismo año, la Fiscalía reportaba apenas 45 procesos abiertos frente a casi 600 denuncias.
Con este resultado, Santa Marta se convierte en una de las voces territoriales que logra incidir directamente en la construcción de una ley que, de aprobarse, será la primera en Colombia en crear una comisión nacional para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral a víctimas de abuso sexual en este contexto.
