La empresa estudia la ruta de emergencia, en caso de que el río Magdalena entre a la población.
La emergencia ambiental registrada en el municipio de Salamina por la erosión del río Magdalena ha activado algunas alarmas por parte de la Alcaldía Municipal, quienes han decidido contratar a la empresa Agrel para la elaboración de un plan de evacuación.
Este procedimiento se adoptaría en el caso de que el río rompa todas las barreras de contención y logre llegar al área urbana, por lo que los gobiernos locales deben estar preparados con acciones de contingencia.
“Este estudio se ha definido a partir de las seis grandes inundaciones que se han presentado en el municipio. Sin embargo, ha sido un proceso lento porque la comunidad tiene una indignación por la deuda de abandono que ha tenido del estado”, dijo Ramiro Manjarrez representante de la firma Agrel.
Es importante precisar que, los puntos principales de estos estudios adelantados en el municipio son: la protección de la vida de los habitantes, protocolos que eviten la propagación de contagios por Covid-19, y por último, las acciones para atender a los posibles damnificados.
De acuerdo con el informe entregado por la empresa contratista que estudia el impacto de una posible emergencia, son 228.310 hectáreas en riesgo, en las cuales se encuentran 168.552 habitantes y más de 250 mil ganados.
Asimismo, se reveló que en el caso que la erosión siga avanzando en los próximos meses afectaría a 10 municipios del Magdalena que corresponderían a 513.340 hectáreas.
En el presente, la empresa contratada se encuentra haciendo reuniones en el municipio para sensibilizar a la población para construir el plan y de esta manera la comunidad esté preparada ante una calamidad.
También se estudia la idea de contar con la disponibilidad de un número determinado de lanchas, personal de rescate, salas de emergencia, agua, alimentación y elementos básicos de comunicación, entre otros.
Cabe mencionar, que en el caso de presentarse la emergencia los habitantes de Salamina serían evacuados a cuatro municipios del departamento del Atlántico, en donde sin importar los intereses políticos el gobierno regional y nacional deberán garantizar la atención humanitaria.
