La Dirección Jurídica de la Alcaldía de Santa Marta advierte sobre un inusitado aumento en el número de tutelas, que son interpuestas por parte de supuestos agentes oficiosos que acuden a este recurso jurídico en aparente representación de personas, quienes mediante esta vía estarían invocando el amparo de derechos como a la alimentación, al agua y a la renta básica, mediante la entrega de mercados solidarios como asistencia humanitaria en medio de la cuarentena por el coronavirus.
Para el equipo jurídico de la Alcaldía, podría tratarse de una acción deliberada por parte de interesados en hacer quedar mal al Gobierno Distrital, mediante la andanada de tutelas, muchas de ellas calificadas como temerarias, para provocar congestión de procesos y mover injustificadamente el aparato judicial.
Sandra Daza, directora jurídica de la Alcaldía Distrital señala que desde el pasado 20 de abril se registra un considerable aumento en el número de tutelas accionadas contra el Distrito. “Hemos observado que se han presentado hasta 50 tutelas en un día, que tienen un modelo idéntico, algunas aparecen con un agente oficioso, representando a 100 o 150 personas; en otras aparecen actuando a nombre propio, pero observamos que muchos de esos accionantes figuran en bases de datos de programas del Gobierno Nacional, como Jóvenes en Acción o Adulto Mayor”.
Indica la funcionaria que en el estudio de los casos, se ha detectado que muchos de los agentes oficiosos que interponen las tutelas no reúnen los requisitos para ejercer tal función en representación de determinado grupo de personas. También se encontró que entre los accionantes se encuentran personas de otras ciudades o que ya han recibido ayudas humanitarias.
“Advertimos un hecho grave, en el sentido de que una de las personas a quien le habían librado una medida provisional, ordenándole la entrega del mercado, al momento de hacerle la entrega del mismo, la misma favorecida afirmó que no había firmado dicha tutela, situación que nos lleva a darnos cuenta que se está ante un delito de suplantación de identidad”, precisó la directora jurídica de la Alcaldía.
Daza relató que el pasado 27 de abril, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta declaró la improcedencia de una de estas tutelas, interpuesta por Miguel Martínez Olano, por considerar que el accionante se encuentra reclamando derechos ajenos, sin tener la calidad de agente oficioso.
Para evitar caer en manos de inescrupulosos que prometen la obtención de ayudas mediante mecanismos jurídicos, la Alcaldía de Santa Marta invita a los ciudadanos a inscribirse a través de las líneas habilitadas para reportar su condición de vulnerabilidad y sean incluidos en los listados de beneficiarios de mercados y bonos solidarios, para los sectores que más dificultades tienen en acceder a elementos básicos para la subsistencia.