La máxima autoridad de Santa Marta, a través de su abogado Julián Quintana, presentó una querella contra el senador por los presuntos delitos de calumnia, calumnia e injuria indirectas e injuria, luego de las declaraciones que publicó tras el ataque armado contra la periodista
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, presentó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una querella contra el senador de la República Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, a raíz de las afirmaciones que este último difundió en redes sociales después del atentado contra la periodista y excandidata a la Cámara por el Magdalena Naylea Barros Martínez.
La acción judicial fue radicada el 26 de agosto de 2026 por el abogado Julián Quintana Torres, quien actúa como apoderado de Pinedo. En el documento se solicita investigar al congresista por el presunto delito de calumnia y, de manera subsidiaria, por calumnia e injuria indirectas e injuria, con una circunstancia de agravación relacionada con el uso de medios de divulgación colectiva.
La publicación que originó la querella
El origen de la controversia está en un video publicado por Ocampo el 25 de agosto, un día después del atentado contra Naylea Barros.
Según la querella, el senador difundió el contenido a través de sus cuentas personales de X, TikTok e Instagram, donde cuenta con una audiencia conjunta de cientos de miles de seguidores. El documento señala que la publicación tuvo una amplia circulación en las tres plataformas.
En el video, Ocampo habló sobre el ataque contra Barros y relacionó el hecho con las denuncias que, según afirmó, la periodista había realizado contra la administración distrital.
Entre sus declaraciones, el senador manifestó que Barros había denunciado irregularidades de la Alcaldía de Santa Marta y sostuvo que, después de una acción jurídica relacionada con un contrato de las Fiestas del Mar, recibió disparos contra su vehículo.
Posteriormente afirmó que en Santa Marta estaban ocurriendo situaciones delicadas y que las personas que denunciaban a la Alcaldía de Pinedo estaban siendo silenciadas mediante disparos y armas.
Alcalde Pinedo considera que Ocampo lo vinculó con el atentado
La defensa del alcalde sostiene que el contenido publicado por el senador no se limitó a pedir una investigación, sino que, según la interpretación planteada en la querella, presentó una relación entre las denuncias de Barros contra la administración distrital y el ataque armado.
El documento afirma que esa relación habría permitido atribuir a Carlos Pinedo responsabilidad por el atentado contra la periodista, pese a que para ese momento, según la propia querella, la investigación sobre el ataque se encontraba en una fase inicial.
El abogado sostiene que para la fecha de las declaraciones no existía imputación, orden de captura, formulación de cargos, resolución de acusación ni decisión judicial que vinculara a Pinedo con el atentado.
La querella también señala que Ocampo no habría presentado una retractación o rectificación de sus declaraciones al momento de la presentación de la acción.
¿Qué está pidiendo el Burgomaestre?
El apoderado del alcalde solicitó a la Corte Suprema admitir la querella y abrir una investigación contra el senador por calumnia. Como alternativa, pidió que se investigue la posible comisión de calumnia e injuria indirectas o, en segundo término, injuria.
La defensa también pidió que Pinedo sea reconocido como querellante legítimo y víctima dentro de la actuación judicial.
Entre las solicitudes aparece además que se requiera a Ocampo abstenerse de reiterar las imputaciones mientras avanza el proceso. El documento plantea igualmente que, en caso de llegar a una eventual conciliación, esta debería incluir una retractación pública difundida por los mismos canales utilizados para realizar las acusaciones, además de la eliminación del contenido y el compromiso de no repetir las imputaciones.
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La Corte Suprema, escenario de la disputa judicial
Al tratarse de un senador en ejercicio, la querella fue dirigida a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La defensa argumenta que esa corporación tiene competencia para conocer las actuaciones penales relacionadas con congresistas aforados.
La querella también cuestiona que las declaraciones de Ocampo puedan quedar amparadas por la inviolabilidad parlamentaria. El abogado sostiene que las publicaciones fueron realizadas desde cuentas personales y que no correspondieron a una sesión del Congreso, debate de control político, proposición legislativa o actuación relacionada directamente con las funciones del Senado.
Además, solicita que la Secretaría General del Senado certifique las actuaciones de Ocampo durante la legislatura para establecer si existía algún vínculo funcional entre sus declaraciones y el ejercicio de su cargo.
El caso queda ahora en manos de la Corte
La presentación de esta querella no significa que Ocampo haya sido declarado responsable de un delito. Lo solicitado por la defensa de Pinedo es que la Corte Suprema estudie los hechos y determine si existe mérito para avanzar en una actuación penal.
El documento fue presentado el 26 de agosto de 2026 y está relacionado directamente con la controversia política y judicial que surgió después del atentado contra Naylea Barros en Santa Marta.
La disputa ahora pasa de las redes sociales a los tribunales, donde deberá determinarse si las expresiones realizadas por el senador constituyeron una imputación penal contra el alcalde sin sustento o si, por el contrario, estuvieron amparadas por su libertad de expresión y actividad política.
