Consideran que las medidas representan un abuso y maltrato a la vejez.
Un grupo de adultos mayores de 70 años radicaron una acción de tutela contra el Gobierno, para que se les conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad, puesto que consideran que se han visto “vulnerados” por acciones de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Los firmantes entre quienes se encuentran Maurice Armitage Cadavid, exalcalde de Cali, Maria Mercedes Cuellar López; Humberto de la Calle Lombana, excandidato presidencial, Clara Lopez Obregón, Alejandro Sanz de Santamaría Samper, Alvaro Leyva Durán y Rudolf Hommes, entre muchos otros, argumentan que “las medidas administrativas adoptadas por el Gobierno Nacional son violatorias de nuestro derecho a la igualdad”.
Aseguran que sin justificación legítima las medidas tomadas, “limitan nuestro derecho a la libertad de locomoción en forma mucho más severa frente a las regulaciones establecidas para los otros adultos pero menores de 70 años” y reiteran que el Gobierno Nacional “restringe, sin justificación válida a la luz de las normas constitucionales, un derecho fundamental de los adultos mayores”, esto porque “aplicó para su decisión un criterio ‘semisospechoso’ de discriminación”.
En el documento radicado este lunes festivo 15 de junio, dejaron claro que “si bien es cierto empíricamente que los adultos mayores son más propensos a sufrir complicaciones de salud a raíz del COVID-19, al restringir su derecho a la libertad de locomoción en forma mucho más severa que al resto de la ciudadanía, el Estado está actuando en forma discriminatoria”.
Argumentaron que con estas medidas se está empleando “un paternalismo inaceptable frente a los adultos mayores, que no emplea con el conjunto de la población, por lo cual el objetivo perseguido por la medida no es válido y es inconstitucional”, por lo que indicaron que “el aislamiento obligatorio para la población mayor de 70 años es una medida discriminatoria y desproporcionada”.
La acción de tutela de 13 páginas, menciona también que “el Gobierno impone la cuarentena a las personas mayores, en vez de acudir a la persuasión mediante recomendaciones de autocuidado que nosotros estaríamos en capacidad de entender, evaluar y acoger por nuestra propia voluntad”.
Cuestionaron que su reclamo frente a las medidas adoptadas por el Gobierno, corresponden a una “discriminación que sufrimos cuando se nos individualiza como un grupo especial y se nos impone paternalistamente un confinamiento distinto al del resto de la población”.
