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Acusan a exalcalde de Sincelejo por presunto direccionamiento de un contrato de salud

El monto fijado ascendió a $420’000.000 y el tiempo de ejecución definido fue de ocho meses.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Sincelejo, Sucre, Jairo Alfredo Fernández Queseep; al exsecretario de Salud, Remberto Carlos Gómez Martínez; y a la gerente del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, Salva Rapag Carmichael, como presuntos responsables del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos investigados están relacionados con la celebración del contrato interadministrativo de prestación de servicios 004 del 19 de marzo del 2015, cuyo objeto era ejecutar actividades de seguridad alimentaria y nutricional; atención integral en enfermedades de la infancia; programas de salud sexual y reproductiva; y salud oral. El monto fijado ascendió a $420’000.000 y el tiempo de ejecución definido fue de ocho meses.

El material de prueba da cuenta de que el entonces alcalde de Sincelejo, al parecer, determinó que el contrato se debía entregar directamente al hospital sin que mediara un proceso de selección objetiva ni la recepción de otras propuestas comerciales. En ese sentido, el centro asistencial fue beneficiado sin entregar una propuesta formal ni la presentación de su portafolio de servicios.

Los términos del contrato establecían, entre múltiples aspectos, que se debían suministrar refrigerios a niños entre seis meses y tres años, y mujeres de comunidades vulnerables, indígenas, afrodescendientes y población desplazada. Además de crear un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud oral y mental.

La Fiscalía estableció que el hospital, supuestamente, no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con lo dispuesto. Es así como realizó cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad. Lo subcontratado superó los $572’000.000, un valor muy por encima de los $420’000.000 del contrato original.

Finalmente, el contrato fue liquidado por el entonces secretario de Salud, quien habría certificado el cumplimiento de todo lo pactado sin tener documentos que sustentaran cada una de las actividades presuntamente ejecutadas.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estas actuaciones violaron dolosamente los principios de selección objetiva, planeación, responsabilidad, economía, trasparencia y publicidad. Hay evidencia de que se impuso un interés particular sobre las normas vigentes de contratación pública.

Por disposición de una juez penal del Circuito de Sincelejo, la audiencias preparatorias de juicio iniciarán en julio.

En esta jornada no se reportaron decesos en el departamento.

El Ministerio de Salud y Protección Social, reportó un total de 352 casos nuevos y 15  fallecidos por Covid-19 en Colombia este domingo.

En el Magdalena, según lo informado por la entidad nacional de Salud se registró 1 contagio en Santa Marta. En esta jornada no se presentaron decesos.

El departamento alcanzó la cifra más alta de casos, llegando a un total de 114.785 contagios por la Covid-19.

De acuerdo con lo informado por Minsalud, Colombia alcanzó la cifra de 139.573 muertes en total. Además, en el país se registran 4.435  casos activos.

Andaban peleando y los capturaron en Plato 

Los sujetos deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno, agresión a servidor público y lesiones personales.

Un total de cuatro uniformados de la Policía del Magdalena resultaron heridos en una riña que se presentó en el municipio de Plato, Magdalena.

El suceso se presentó en la plaza del hombre Caimán de esta población. Allí, agentes de la institución atendían una riña y varios sujetos arremetieron contrala integridad de los policías utilizando palos y piedras.

Los capturados fueron identificados como, Víctor Fuentes, Nicolás Castro, Alex Acuña y Jhon Fuentes.

Los privados de las libertad, deberán responder por la gresca que protagonizaron, los daños y lesiones causadas a funcionarios públicos.

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