El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio la primera instrucción a su equipo de empalme en materia de lucha contra la corrupción al ordenar que se evalúen acciones judiciales por los presuntos acercamientos entre funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo.
Desde Barranquilla, De La Espriella envió una directriz formal al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien lidera el comité de empalme anticorrupción, para que adelante un análisis jurídico y técnico sobre las recientes denuncias relacionadas con supuestas negociaciones entre altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro y esa estructura criminal.
Según el documento, el equipo deberá evaluar la presentación de denuncias penales y disciplinarias contra los funcionarios que eventualmente resulten comprometidos, revisar de manera específica las actuaciones del exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y determinar si existen elementos suficientes para emprender acciones judiciales.
La instrucción también contempla recopilar el material probatorio disponible y estudiar su remisión al Departamento de Justicia de Estados Unidos, debido al posible alcance transnacional de los hechos investigados, así como analizar la viabilidad de acudir a instancias internacionales si se establecen posibles violaciones graves a los derechos humanos o a compromisos internacionales del Estado colombiano.
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De La Espriella sostuvo que el mandato recibido en las urnas exige combatir la corrupción y garantizar que cualquier funcionario que haya actuado por fuera de la ley responda ante la justicia.
“El pueblo nos ha confiado la responsabilidad de restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes”, manifestó el presidente electo.
Con esta decisión, el nuevo gobierno marca una de sus primeras líneas de acción durante el proceso de empalme, centrada en la revisión de las actuaciones de la administración saliente y en el anuncio de una política de cero tolerancia frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales.
