Los militares colombianos permanecieron retenidos por más de 36 horas en un resguardo indígena del Chocó, en medio de operaciones contra el Eln; una misión humanitaria facilitó su liberación.
Tras más de un día en cautiverio, los 18 militares secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó, recuperaron su libertad luego de un proceso de diálogo humanitario, confirmó el Ejército Nacional, que indicó que los uniformados se encuentran sanos y salvos.
De acuerdo con la Séptima División del Ejército, los soldados adscritos a la Brigada 15 habían sido retenidos desde el domingo en la comunidad indígena de Río Claro, ubicada en el resguardo La Puria, territorio del pueblo embera katío, mientras adelantaban operaciones militares contra la guerrilla del Eln.
Liberación tras diálogo con comisión humanitaria
La entrega de los uniformados se logró gracias a la intervención de una comisión humanitaria, integrada por autoridades departamentales del Chocó, representantes del municipio de Carmen de Atrato, la Defensoría del Puebloy cabildos indígenas, quienes sostuvieron cerca de cuatro horas de diálogo con la comunidad.
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En imágenes divulgadas por el Ejército se observa a los militares portando su uniforme y armamento de dotación, acompañados por miembros de la misión humanitaria, al momento de su liberación.
Según la información oficial, la retención habría sido ejecutada por habitantes del sector con el objetivo de impedir una operación militar contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Las autoridades han advertido que este tipo de acciones se han vuelto recurrentes en zonas apartadas del país, donde comunidades civiles son instrumentalizadas por grupos armados ilegales.
Casos similares se registraron en agosto en Guaviare, donde 34 militares fueron retenidos, y en septiembre en Cauca, con la captura de 45 uniformados, todos liberados posteriormente mediante gestiones humanitarias.
Este secuestro ocurrió el mismo día en que el Eln anunció un cese al fuego unilateral, que regirá desde las cero horas del 24 de diciembre hasta el 3 de enero de 2026, una medida que contrasta con recientes hechos de intimidación y presión armada registrados en distintas regiones del país.
Las autoridades reiteraron que continuarán las acciones para proteger a la población civil y garantizar el desarrollo de las operaciones en el marco de la ley y el respeto por los derechos humanos.
