Se trata de José Francisco Infante, quien ejerció como Gobernador del Magdalena en calidad de encargo en el año 2007.
Después de años de investigación la Corte Suprema de Justicia emitió una condena inicial contra Francisco José Infante Vergara, quien fue Gobernador del Magdalena en calidad durante el año 2007 por presuntas irregularidades en un contrato de diagnóstico de VIH.
El fallo dictado por la Sala Especial impuso una pena privativa de libertad de 15 años y 6 días, aunada a una sanción pecuniaria equivalente a 1.153.08 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Dentro de los hallazgos que le hicieron a Infante Vergara se le relaciona como coautor de los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en beneficio de terceros. Además de la sentencia contempla su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Judicialmente se fundamenta en los numerosos casos de anomalías detectados en el proceso de contratación del servicio de pruebas diagnósticas para VIH, destinado a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el Magdalena.
Es por ello que según el pronunciamiento de la Corte, el acuerdo contractual que lleva por número el 372, suscrito en 2007, año en el que Infante estuvo al mando de la Gobernación, coincidiría con los análisis técnicos, financieros y jurídicos exigidos por la normativa vigente.
La empresa a la cual se le adjudicaron los contratos sería la IPS Eidys Campo Laboratorio Clínico, la cual fue seleccionada sin cumplir los requisitos indispensables, al no estar inscrita en el registro especial del Ministerio de Salud y haberse presentado como persona natural, pese a que se requería una persona jurídica.
Sin embargo, el exgobernador no es el único implicado en el caso, pues, de acuerdo con la Corte, habría más personas relacionadas con dicho contrato.
En la decisión judicial, el alto tribunal dispone el traslado de copias para que el ente acusador indague a otros servidores públicos y contratistas involucrados en la suscripción y liquidación del convenio.
Y entre los implicados se relacionan al Secretario de Salud departamental, Milton Miguel Cantillo Lara; el interventor del acuerdo, Nilson Parodys Movilla; el auditor médico, Miguel Aguilar Sequea; y la contratista Eydis Esther Campo Lacera.
En lo que respecta a la condena de Infante Vergara para demás de la sanción de cárcel, el máximo órgano de justicia condenó a Infante Vergara al resarcimiento de $2.589.393.436,51 por concepto de daños y perjuicios, así como al pago de $129.469.671,83 por agencias en derecho a favor de la parte civil demandante.
Por lo que se registra que en el fallo hubo una denegación del beneficio de la detención domiciliaria al exmandatario departamental, al no satisfacer los requisitos legales para acceder a dicho régimen.
Asimismo, se rechazó la suspensión condicional del cumplimiento de la pena, lo que conlleva a que Infante Vergara deba purgar de manera íntegra su condena en un centro de reclusión, una vez se haga efectiva la orden de captura en su contra.
Además, a las acusaciones se le suma lo concerniente a los sucesos por los que fue inicialmente acusado y posteriormente absuelto en noviembre de 2023, estos guardan relación con los contratos numerados 346 y 347, suscritos el 23 de octubre de 2007 con la Fundación Instituto Baldo para el Desarrollo de las Organizaciones.
El objeto contractual radicaba en la adquisición de bibliotecas destinadas a los estudiantes de los planteles educativos de los municipios no certificados del departamento.
Finalmente, según el análisis de la sala mayoritaria en aquel momento, si bien se habían evidenciado irregularidades en las etapas precontractual y contractual, probatoriamente se acreditó que el gobernador suscribió estos negocios jurídicos amparado en el principio de confianza depositada en el trabajo de sus subalternos, quienes participaron previamente en dichos trámites, otorgaron su visto bueno.
