Mientras se da este escenario de confrontación, se deteriora la calidad en la educación.
La elección de una nueva mayoría en el Concejo en oposición al gobierno distrital sí que le ha sacado canas a la administración de Virna Johnson, porque en menos de 24 horas en esa corporación naufragaron 2 proyectos que suponían el cumplimiento de los compromisos de la alcaldesa con el sector educativo. Primero la plenaria presentó reparos a la creación de la Universidad Politécnica Simón Bolívar’, bautizada como una institución de papel, que requería $5 mil millones para su funcionamiento, de los cuales $3 mil millones eran para gastos administrativos, $600 millones para contratar docentes, $1.000 millones para inversiones no identificadas y $190 millones para la construcción de una biblioteca. El concejal David Palacios, ponente del proyecto, tiró hacia las cuerdas al “gobierno del cambio” y este retiró la iniciativa. “Pretendían robarse estos dineros en 5 días”, expresó el cabildante.
Pero de este round uno, pasamos al eterno problema del magisterio, esté quien esté en el poder, siempre tienen que hacer protestas para que le paguen y esta vez Johnson descargó a los concejales la responsabilidad de los honorarios de los docentes a través del proyecto 019 que buscaba facultades precisas y protempores para adicionar $16 mil millones de pesos al presupuesto 2021 y pagarle a profesores, administrativos y directivos docentes. Pero ¡Vaya sorpresa! los que había dicho que sí In illo tempore como perritos adornando taxi, en esta ocasión se pararon en que había una ambigüedad, un mico, una laguna, una imprecisión, en el artículo 3.
Ese fue el “florero de Llorente” o la taza que rebosó el cántaro, 11 concejales tumbaron el proyecto a pesar que a las afueras del recinto había un número importante de docentes que exigían celeridad en sus pagos. Y aunque 5 le dieron el respaldo al articulado, uno de ellos, Jorge Yesid Ospino votó, pero criticó la paquidérmica gestión de la alcaldesa para cumplir con las obligaciones contractuales para con el cuerpo de profesores que pasarán el final de año sin plata.
¿Pero por qué no aprobar el proyecto y que todo el mundo quede feliz? Porque según no era del todo preciso ese artículo tercero y además que no garantizaba que se le fuera a pagar a los 3.358 profesores. Ospino, Juan Carlos Palacio, Chema Mozo, coincidieron en que el proyecto era parte de la improvisación administrativa por la que atraviesa la ciudad, simbolizada en la olímpica forma de cambiar los Secretarios de Educación, ya que la ciudad en menos de 2 semanas tuvo 3 personas al frente de esta cartera.
Pero mientras se da este escenario de confrontación, porque ya la alcaldesa salió a decirle a la opinión pública que la culpa de que no haya plata es de todo mundo, menos de ella, se deteriora la calidad en la educación. En Santa Marta a corte del 2020 8.647 samarios eran analfabetas, o sea, 2 de cada 100 personas presentan esta situación. De 59 colegios medidos por el ICFES, 34 están en la categoría más baja, ocupando el puesto 20 de 23 ciudades en esta medición. En las áreas donde con menor desempeño por parte de los estudiantes según el examen Saber 11 son Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e inglés. Estos datos han sido tomados de la encuesta de calidad de vida del programa ‘Santa Marta Cómo Vamos’.
Las brechas se van extendiendo y la ciudad se resume a debates y controversias improductivas, anacrónicas y políticas, olvidándose del perjuicio social que se causa. El sin sabor que deja el no pago a la nómina de docentes es falta de voluntad política, porque como diría un concejal: “No hay plata para pagarle a los maestros, pero sí para una universidad de papel”.
