La periodista cuestionó el auto promovido por la representante Gloria Arizabaleta y aseguró que la controversia podría terminar beneficiando políticamente al presidente Gustavo Petro en plena recta final de la campaña presidencial.
La discusión sobre una posible suspensión del presidente Gustavo Petro provocó una fuerte reacción de Vicky Dávila, quien calificó la iniciativa como una maniobra sin sustento jurídico y advirtió que el episodio podría convertirse en una herramienta política para el mandatario.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la periodista sostuvo que la polémica favorece al jefe de Estado, pues le permitiría presentarse como víctima de sus opositores y aumentar la movilización de sus seguidores en un momento clave del calendario electoral.
Te puede interesar: “Es un autoatentado para victimizar a Petro”: De la Espriella arremete contra decisión que busca suspender al Presidente
Dávila también dirigió sus críticas contra la representante Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y responsable del auto que abrió el debate sobre una eventual suspensión. Según la comunicadora, las circunstancias que rodean la decisión generan interrogantes debido a los vínculos políticos de la congresista con sectores cercanos al Gobierno.
La controversia tomó un nuevo rumbo luego de que la propia Arizabaleta aclarara que cualquier medida contra el presidente requeriría la aprobación de la Comisión de Acusaciones y no podría aplicarse únicamente mediante el documento inicialmente conocido.
Desde Estados Unidos, donde participa en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Petro respondió a la polémica y aseguró que no existe ninguna decisión en firme sobre una eventual suspensión.
El mandatario insistió en que el proceso apenas se encuentra en una etapa preliminar y que cualquier actuación deberá surtir varios trámites antes de avanzar.
El episodio ha intensificado el debate político a pocos días de las elecciones presidenciales, mientras sectores afines y opositores al Gobierno mantienen posiciones enfrentadas sobre el alcance jurídico del proceso y las implicaciones que podría tener en la campaña electoral.


