En medio del desespero y ante la demora de las autoridades, habitantes del barrio El Bronx desenterraron el cuerpo de una joven desaparecida y lo trasladaron sin protección, generando una alarmante exposición a riesgos biológicos.
Lo que comenzó como una denuncia de desaparición terminó en una escena dramática y peligrosa para la salud pública. En el barrio conocido como El Bronx del municipio de Ponedera, Atlántico, un grupo de vecinos decidió desenterrar por cuenta propia el cuerpo de Cristina Paola Escorcia, una joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida días atrás.
El hallazgo se produjo tras días de sospechas y un fuerte olor putrefacto que salía de un hueco cubierto en el patio de la vivienda donde vivía Cristina con su pareja, ahora desaparecido y señalado como principal sospechoso. Ante la tardanza de la Fiscalía Seccional en enviar a un antropólogo forense para hacer el levantamiento, los vecinos decidieron actuar por su cuenta.
Lo más preocupante no fue solo la falta de protocolo legal, sino la manipulación del cadáver en avanzado estado de descomposición, el cual fue trasladado por varias personas hasta la estación de Policía del municipio y depositado en la vía pública, justo frente a la entrada de las instalaciones.
Expertos en salud advierten que este tipo de maniobras representan un riesgo biológico extremo. Un cuerpo que lleva más de 72 horas enterrado, y aún más si está en proceso de putrefacción, puede liberar gases tóxicos y agentes patógenos que afectan no solo a quienes tuvieron contacto directo, sino a todo el entorno.
“La manipulación inadecuada de un cadáver en esas condiciones puede desencadenar la propagación de bacterias, hongos e incluso enfermedades como infecciones respiratorias, gastrointestinales o dérmicas”, explican profesionales de salubridad. A esto se suma la ausencia de equipos de protección durante el traslado.
Aunque la intención de la comunidad fue acelerar la respuesta institucional, lo ocurrido dejó expuesta una grave falla en el manejo forense del caso y encendió las alarmas sobre la necesidad de intervenciones oportunas por parte de las entidades encargadas. La salud de decenas de personas pudo haberse puesto en peligro por una situación que, con la debida atención, pudo haberse evitado.
Las autoridades aún no se pronuncian sobre las consecuencias sanitarias de esta acción improvisada, ni han aclarado el paradero del presunto responsable del crimen.
