El juez 44 Penal de Bogotá confirmó que las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado serán válidas en el juicio.
El expresidente Álvaro Uribe sufrió un nuevo revés en su proceso judicial, luego de que un juez de Bogotá decidiera mantener la validez de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena, las cuales la defensa había intentado descalificar.
El juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento rechazó la apelación presentada por la defensa del exmandatario, argumentando que las pruebas obtenidas a través de esas interceptaciones son legales y, por lo tanto, serán utilizadas en el juicio en su contra.
En su recurso, la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, había solicitado la anulación de las interceptaciones realizadas en 2018 a un teléfono inicialmente asociado al representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de una investigación relacionada con el denominado Cartel de la Toga. No obstante, se descubrió que las conversaciones grabadas correspondían al expresidente Uribe y su abogado Diego Cadena.
Estas interceptaciones, que revelan intercambios clave entre Uribe y Cadena, fueron utilizadas como base para la medida de aseguramiento dictada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia, y más tarde, se emplearon en la acusación presentada contra el expresidente en mayo de 2024. La defensa de Uribe argumentó que las interceptaciones violaban el derecho al secreto profesional entre abogado y cliente, solicitando que fueran descartadas como prueba.
El juez 44, sin embargo, desestimó este argumento y calificó las interceptaciones como “acordes a la ley”, asegurando que los derechos del expresidente Uribe fueron debidamente protegidos. En su decisión, el juez también calificó de “estéril” el recurso de apelación presentado por la defensa.
Este caso tiene su origen en una investigación de la Corte Suprema iniciada en 2018, relacionada con el senador Iván Cepeda, quien había revelado testimonios de exparamilitares que implicaban a Uribe en presuntos nexos con grupos armados ultraderechistas en Antioquia. Durante las pesquisas, varios testigos comenzaron a retractarse, y uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció haber recibido presiones para cambiar su versión.
A raíz de este patrón, la Corte Suprema decidió archivar la indagación contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe. La Sala de Instrucción de la Corte lo citó a indagatoria en 2019, y en 2020 ordenó su arresto preventivo en su residencia. Sin embargo, tras la renuncia de Uribe al Congreso, el expediente fue trasladado a la Fiscalía.
Aunque inicialmente la Fiscalía intentó cerrar el caso, dos juezas rechazaron las solicitudes de preclusión, lo que dejó el camino libre para que el juicio continuara. Además de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía ha anunciado que también investigará a Uribe por soborno, en relación con un presunto ofrecimiento de dinero al abogado Diego Cadena a través de la exfiscal condenada Hilda Niño
