El ex cura sigue oficiando misas sin autorizaciones y administrando una parroquia en contra de las órdenes de la Diócesis de la ciudad. Ha dicho que su disputa con el obispo es personal.
Han pasado ya dos meses y medio desde que la Diócesis de Santa Marta restringió al Padre Hernando Fagid Álvarez Yacub de seguir oficiando misas y le ordenó desalojar la parroquia del cementerio San Miguel; sin embargo, en ese lugar nada ha cambiado.
El ex sacerdote ha expresado en reiteradas ocasiones que no dejará de administrar el camposanto por petición de los propietarios de bóvedas y terrenos, ni tampoco se abstendrá de ponerse la sotana para celebrar eucaristías y dar la palabra de Dios y la comunión.
Un conflicto escalado
Ante la rebeldía mostrada por el cura, el caso escaló al ámbito policial, y este jueves inició una batalla por la tenencia y manejo del cementerio San Miguel.
La primera instancia de esta disputa se celebra en la inspección norte de la capital del Magdalena, donde expertos en el tema han indicado que, en caso de que el inspector de policía le otorgue la razón a la iglesia, esta primera instancia podrá ser apelada por Álvarez Yacub o viceversa.
Por tratarse de un asunto policivo, la segunda instancia se resolverá ante la Secretaría de Gobierno, la cual definirá qué argumento pesa más y si en definitiva el ex clérigo deberá o no abandonar la parroquia del San Miguel.
Lo que dice el sacerdote rebelde
“Solo si pierdo en las dos instancias, dentro del proceso policivo, lo digo con satisfacción, entregaré la Capilla del Cementerio San Miguel a la Diócesis de Santa Marta y saldré de allí, pero yo no voy a salir porque sea el Obispo quien me lo pida”, dijo el Padre Fagid.
En este proceso, Fagid Yacub está seguro de que resultará ganador y no podrá ser desalojado por la policía, lo que seguramente forzará a que el proceso trascienda a la justicia ordinaria y allí lo tendría que dirimir un juez, proceso que puede durar varios años.
“Esta disputa va para largo, estoy convencido de que ganaré las dos instancias en el proceso policivo, y ellos van a recurrir a la justicia ordinaria, es decir, a un juzgado de la ciudad. Nosotros apelaremos y eso se llevará un tiempo prudencial”, precisó Álvarez Yacub.
La iglesia, que ya tiene el caso en manos de unos abogados, ha extendido reiterados llamados a los feligreses a no congregarse ni realizar contribuciones económicas en esta parroquia donde quien ejerce ya fue expulsado de la Diócesis y no tiene las autorizaciones para oficiar misas ni prestar ningún servicio eclesiástico.
