La investigadora Norma Vera Salazar denunció que desconocidos dejaron una ofrenda fúnebre acompañada de una amenaza explícita en su vivienda. La defensora pidió a la Fiscalía investigar el caso y a la UNP reforzar su esquema de protección.
Una intimidación que encendió las alarmas por la seguridad de los defensores de derechos humanos se registró durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre en Santa Marta. La investigadora Norma Vera Salazar encontró en la terraza de su vivienda un arreglo floral de carácter fúnebre, acompañado de una fotografía de su rostro y un mensaje amenazante: “Muere 24 H.”.
Según relató la defensora, el elemento fue descubierto antes de que iniciara su desplazamiento y la situación fue verificada por Milton, integrante de su esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Vera calificó el episodio como una intimidación extrema y manifestó su preocupación por el riesgo que representa para su vida.
La investigadora relacionó la amenaza con su trabajo en defensa de los derechos humanos y las investigaciones que ha desarrollado sobre las estructuras armadas que operan en la Sierra Nevada. También aseguró que el hecho ocurre en medio de un contexto de estigmatización, hostigamientos y presiones judiciales que, según su denuncia, ha enfrentado durante los últimos años.
En su pronunciamiento mencionó al exjefe paramilitar Hernán Giraldo, a quien atribuyó acciones jurídicas que, desde su perspectiva, estarían orientadas a desacreditar sus investigaciones sobre la región. Estas afirmaciones hacen parte de la denuncia pública presentada por la defensora.
Ante la gravedad de lo ocurrido, Vera solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de la amenaza. También pidió a la UNP fortalecer las medidas de protección de su esquema de seguridad y a los organismos de control hacer seguimiento a su situación.
Pese a las intimidaciones denunciadas, la investigadora aseguró que continuará con su trabajo y reiteró que la defensa de los derechos humanos no se detiene. Su caso vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por las garantías de seguridad de quienes investigan y denuncian las actuaciones de estructuras armadas en el Caribe colombiano.
