El presidente aseguró que no solo fue Carranza: denunció que al menos 200 lancheros habrían sido asesinados en el Caribe sin claridad sobre sus identidades.
En medio de un encuentro cargado de reclamos y voces del mar, el presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa un caso que sigue sin respuestas claras: la muerte del pescador colombiano Alejandro Carranza, ocurrida el 15 de septiembre de 2025 durante un operativo militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.
El pronunciamiento se dio durante el espacio denominado ‘Diálogo social con pescadores y comunidades productivas’, realizado en Ciénaga, Magdalena, donde el mandatario, frente a decenas de trabajadores del mar, elevó su tono y cuestionó la falta de explicaciones por parte de las autoridades estadounidenses.
“Con él muchos más que ni siquiera sabemos cómo se llaman”, afirmó Petro, al advertir que alrededor de 200 lancheros habrían muerto en circunstancias similares, sin que exista claridad sobre sus identidades o nacionalidades. Sin embargo, recalcó que el caso de Carranza sí logró salir del anonimato.
El jefe de Estado insistió en que el hombre de 42 años fue catalogado como “narcoterrorista”, una versión que rechazó tajantemente al describirlo como un pescador que buscaba un mejor futuro para su familia. En su intervención, humanizó la historia detrás del titular: un padre con aspiraciones, un hogar sostenido por el mar y un sueño truncado de forma violenta.
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“Alejandro Carranza solo quería pagarle la universidad a su hija”, expresó Petro, antes de relatar el momento que marcó el desenlace: un misil impactando la lancha en la que se encontraba. “Eso no es justo, eso no es humano”, sentenció.
Más allá de la denuncia, el presidente dejó clara su postura frente al caso: aseguró que este hecho no corresponde ni a la justicia divina ni a la humana, y reiteró su respaldo a los familiares de la víctima, para quienes exigió una reparación pronta.
“Dejo mi queja, mi voz, mi protesta”, concluyó Petro ante la comunidad, insistiendo en que Carranza no debió morir y que su familia merece ser indemnizada.
El episodio, lejos de cerrarse, vuelve a escalar como un punto de tensión internacional y un símbolo de las historias invisibles que, según el mandatario, siguen ocurriendo en las aguas del Caribe.
