Según quien presenta la querella, estaría en riesgo la estabilidad jurídica de los 16 concejales que lo eligieron.
La demanda por la elección del contralor de Santa Marta, Alexander Zabaleta, avanza en el Tribunal Administrativo del Magdalena, con la emisión del fallo que declara como “no probadas las excepciones” presentadas por el funcionario público.
Según lo expuesto por el promotor del proceso, el abogado Miguel Martínez, la sentencia final debía conocerse 6 meses después de haberse radicado la querella en razón a la perentoriedad del plazo por la investidura de quien es señalado, pero el Covid-19 alargó el camino.
La denuncia habla de un atentado al artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, el cual estipula la transparencia y objetividad, entre otros principios, como parte del proceso de elección por parte de las corporaciones competentes, sea la Asamblea o el Concejo.
Martínez señala que Zabaleta estaba impedido para el cargo por su cercanía y compromisos contractuales con el movimiento Fuerza Ciudadana, y por haber representado en la etapa electoral los intereses de la candidatura de la hoy alcaldesa, Virna Johnson.
Por tanto, Miguel señala que “no genera garantías su encargo, toda vez que nadie puede fiscalizar como debe ser a sus antiguos jefes. Él fue asesor electoral del presidente del concejo, órgano que lo eligió. El contralor y su esposa tuvieron contratos con la alcaldía de Rafael Martínez, de la misma corriente política que representó. Todo esto lo posiciona en un lugar parcializado”.
Según la parte denunciante, de este trámite también depende la estabilidad jurídica de los 16 concejales que dieron su voto positivo a la postulación Zabaleta, dado que podrían verse abocados a un proceso disciplinario e incluso a la pérdida de la curul.
