El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró este martes la nulidad en el acto de elección del suspendido alcalde Mayor de Cartagena, Antonio Quinto Guerra.
El fallo en primera instancia niega la revocatoria solicitada a la suspensión provisional del cargo que le fue decretada en mayo pasado por el mismo tribunal.
La ponencia del magistrado Roberto Mario Chavarro Colpas ordena al presidente de la República, Iván Duque, efectuar los trámites correspondientes para nombrar un alcalde encargado.
El pasado 25 de mayo, Quinto Guerra, elegido en atípicas el pasado 6 de mayo, y que se había posesionado el 11 del mismo mes, fue suspendido provisionalmente del cargo, “por estar probado que fue elegido muy presumiblemente estando incurso en una causal de inhabilidad”.
Esto debido a que Guerra celebró un contrato y un otrosí con el Ministerio de Vivienda en el año inmediatamente anterior a su aspiración a alcalde de Cartagena en elecciones atípicas. El procurador General Fernando Carrillo fue uno de los primeros en advertir sobre la presunta inhabilidad del que fue candidato por el Partido Conservador y que durante su campaña fue ampliamente criticado por los apoyo de varios sectores entre los que se destacaban: el Centro Democrático, Partido Liberal, La U y Cambio Radical.
La demanda de nulidad de la elección fue interpuesta el pasado 22 de mayo por Germán Calderón España, procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, quien solicitó a los magistrados del tribunal suspender provisionalmente los efectos de los actos de elección de los formularios E-24 y el acta general de escrutinio en los que se consignaron los resultados de las elecciones atípicas que se celebraron en Cartagena el pasado 6 de mayo, en donde Quinto Guerra resultó ganador con un total de 72.111 votos, el 43 % de la población que acudió a las urnas ese día.
“Es claro que el señor Antonio Quinto Guerra Varela suscribió días anteriores a su elección -dentro del año inmediatamente anterior- un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Vivienda para ejecutar recursos de agua potable y saneamiento básico en todos los municipios del departamento de Bolívar, incluyendo Cartagena, lugar de las elecciones, con una ejecución de los mismos en los que influenció a las comunidades puesto que estructuró planes, estrategias y programas en su calidad de asesor jurídico”, expresó el procurador delegado en el documento de la demanda.
El caso del suspendido alcalde Guerra pasa ahora al Consejo de Estado, que es la segunda instancia que decidirá si revoca la suspensión de Guerra.
Erick Urueta Benavides, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial de Cartagena -Vejuca, explicó que al ser un fallo de primera instancia es susceptible de los recursos de ley, en este caso, el recurso de apelación.
“Es preciso indicar que para que pueda el proceso surtir la etapa de irse al Consejo de Estado es necesario que la parte que perdió dentro del proceso presente el respectivo recurso de apelación dentro de la notificación de la providencia. En caso de que no se apelado, automáticamente quedaría en firme el fallo judicial”, señaló.
