La Procuraduría General de la Nación profirió una lista de cargos.
Este jueves, la Procuraduría General de la Nación anunció que irán a juicio tres policías implicados en el traslado irregular de Enrique Vives de la estación de Policía hacia la Clínica Perfect Body.
El órgano de control fue enfático al dictar las acciones que cada uniformado habría cometido, para que el objetivo de Vives, señalado de atropellar a siete jóvenes y quitarle la vida a seis de ellos, de ir hacia el centro hospitalario fuera exitoso.
El intendente Hernández López, jefe de turno del Centro de Traslado por protección de la Policía Metropolitana de Santa Marta, habría sido la persona encargada de permitir que Vives Caballero saliera sin permiso alguno del fiscal.
Por otro lado, el intendente Cruz Pedraza, al parecer, no supervisó la salida del vehículo en el que se fue el señalado, siendo el responsable superior de los reclusos de los Centros de Traslado por Protección, en el momento de los hechos.
Mientras que, el capitán Andrews Junco, quien era el comandante de la Subestación de Gaira, donde se presentó el hecho, presuntamente no cumplió con el Protocolo para la Aplicación de las Medidas de Traslados por Protección.
Estos hechos ocurrieron, según la Procuraduría General de la Nación, el 13 de septiembre de 2021, alrededor de las 2:30 de la mañana.
Cabe recordar que, según el Ministerio Público, a pesar de que Vives Caballero conoció oportunamente la realización de la audiencia prevista para el 16 de septiembre del mismo año en la Clínica Perfect Body, abandonó este centro médico y fue llevado a la fundación FUSAM.
Sin embargo, tras su proceder para tratar de esquivar la justicia, los médicos legistas constataron que su estado de salud no ameritaba compromiso grave que justificara el desconocimiento de los protocolos policiales.
Por lo anterior, el intendente Hernández deberá responder ante el procurador por falta grave a título de dolo, mientras que Cruz y Junco por falta grave a título de culpa gravísima.
Finalmente, es preciso resaltar que, Enrique Vives fue condenado a siete años de detención domiciliaria, y que las familias de las victimas fueron indemnizadas con una suma de 1.715 millones de peso, repartidos entre todos.
