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Santa Marta

Tren de Fenoco podría descarrilarse por hurto de material ferroviario

Los elementos fueron robados a la altura de la Ensenada de Juan XXIII.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre cuando hurtaba los clips que aseguran los rieles de la vía férrea, en el sector La Ensenada Juan XXIII, en Santa Marta.

A raíz del hurto, los equipos de seguridad y mantenimiento de Fenoco S.A. identificaron la ausencia de 3.146 clips, los cuales fueron reemplazados de inmediato.

La situación, recurrente en la capital del departamento del Magdalena, genera alta preocupación debido a que el hurto o manipulación de manera indebida de este tipo de elementos podría generar un riesgo de descarrilamiento del tren, con posible afectación a la comunidad.

A esto, se suman otros actos irresponsables sobre el corredor férreo como el hurto y la vandalización tanto de señales de tránsito e informativas como de rieles, usados en trinchos de contención.

A pesar de las campañas de pedagogía y de sensibilización por parte de Fenoco S.A., así como de la articulación con autoridades para castigar a quienes cometen estos delitos, la situación se ha vuelto común.

Al parecer, el hurto de materiales ferroviarios es cometido por consumidores de sustancias psicoactivas quienes usan elementos contundentes como martillos y piedras para atentar contra la infraestructura y, posteriormente, venderla en chatarrerías.

“El llamado a la comunidad es a la sensatez, a la responsabilidad colectiva y a denunciar antes las autoridades correspondientes de manera oportuna, pues las acciones individuales pueden desencadenar en riesgos que afecten a la misma población”, dijo la empresa.

Además, quienes hurten material ferroviario o atenten contra la operación férrea están infringiendo el Código Penal Ley 599 del 2000 y cometiendo delitos que puede ser calificados como hurto, hurto calificado y/o concierto para delinquir, con una penalidad entre 2 y 14 años de cárcel.

También, quienes adquieran el material producto del delito podrán incurrir en prisión entre 4 y 12 años y tendrán que pagar multas de hasta 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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