La Fiscalía reveló contundentes pruebas que responsabilizan a nueve uniformados del Ejército en la tortura y asesinato de un joven con discapacidad cognitiva en Frontino. El caso, ocurrido dentro de una base militar, desató una crisis institucional y profundizó el temor entre la comunidad rural.
La tortura, el homicidio y la desaparición forzada son ahora las graves acusaciones que recaen sobre nueve uniformados del Ejército Nacional, quienes, según la Fiscalía, participaron en la muerte de un joven con discapacidad cognitiva en el municipio de Frontino, Antioquia. La investigación reveló un escenario atroz, ejecutado dentro de una base militar y sin ningún tipo de procedimiento legal que justificara la retención.
Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años, fue retenido el 7 de octubre en la Base Antorcha bajo la supuesta —y nunca verificada— sospecha de tener nexos con un grupo armado ilegal.
Las autoridades explicaron que, tras su detención, los uniformados lo desnudaron, amarraron a un árbol, lo golpearon durante cerca de cinco horas y, al ver su cuerpo sin vida, lo ocultaron en una hamaca para luego arrojarlo al río El Cerro, como si se tratara de un objeto descartable.
Tres semanas después, un campesino halló el cadáver en avanzado estado de descomposición. El dictamen de Medicina Legal fue contundente: murió por múltiples agresiones compatibles con tortura.
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Familia devastada y comunidad indignada
“Todo el pueblo sabía que él tenía problemas mentales. ¿Por qué no lo investigaron antes de matarlo?”, expresó un familiar entre lágrimas.
El crimen no solo estremeció a la familia Manco, sino que avivó el miedo entre los habitantes del corregimiento.
“Uno ya no sabe si tenerle miedo a los ilegales o al mismo Ejército”, dijo un vecino que prefirió no revelar su identidad.
Los nueve militares enfrentarán juicio
Un juez impuso medida de aseguramiento en guarnición militar contra los uniformados señalados: un teniente, un sargento, un cabo y seis soldados profesionales del Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío.
Todos fueron imputados por tortura agravada, homicidio agravado y desaparición forzada agravada, aunque ninguno aceptó los cargos.
