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¿También hay retoques tras las rejas? Documentos del Inpec mencionan bótox y ácido hialurónico en el caso de alias ‘Pichi’

Registros de mayo y junio de 2026 autorizan el ingreso de personal médico e insumos a la cárcel de La Dorada. Sin embargo, los documentos no confirman que al condenado le hayan practicado procedimientos estéticos.

Los registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre la atención médica de Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’ y apodado el ‘Pablo Escobar de Bucaramanga’, desataron interrogantes por los productos y dispositivos autorizados para ingresar al establecimiento penitenciario de La Dorada, en Caldas.

Ácido hialurónico, bótox y personal médico

Entre los documentos divulgados, correspondientes a mayo y junio de 2026, aparece una autorización relacionada con una valoración dermatológica y otra que menciona la atención integral del interno.

En los registros figuran 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica —conocida comercialmente como bótox— y otros productos y dispositivos médicos. La documentación también contempla el ingreso de personal para una valoración clínica.

Otro de los registros hace referencia a la entrada de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para atender a Camargo Ríos, en el marco de una solicitud de atención en salud.

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Los documentos no confirman una cirugía estética

La divulgación de estos registros, junto con imágenes en las que se aprecian cambios en la apariencia física del condenado, despertó preguntas sobre los posibles tratamientos que habría recibido durante su reclusión.

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No obstante, las autorizaciones conocidas no prueban que se le haya practicado una cirugía estética. Tampoco permiten establecer qué productos se utilizaron efectivamente, si todos estaban destinados al interno o cuál fue el diagnóstico que justificó cada elemento autorizado.

Interrogantes sobre los controles en prisión

El caso vuelve la atención hacia los procedimientos para autorizar el ingreso de médicos e insumos a los establecimientos penitenciarios, así como hacia la naturaleza de la atención prestada a las personas privadas de la libertad.

Por ahora, los registros disponibles permiten conocer qué personal e insumos fueron autorizados, pero no son suficientes para determinar qué procedimientos se realizaron. Cualquier conclusión sobre posibles intervenciones estéticas requiere información adicional que permita esclarecer lo ocurrido.

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