El nuevo liderazgo de la samaria, ha traído consigo importantes cambios y avances en la economía solidaria.
La Superintendencia de la Economía Solidaria, bajo la dirección de la superintendenta, María José Navarro, ha alcanzado avances significativos en línea con los lineamientos y políticas de cambio propuestas por el presidente Gustavo Petro.
Con la llegada de Navarro a la entidad, la formalización laboral ha permitido que contratistas, que llevaban entre 5 y 15 años bajo la modalidad de prestación de servicios (es decir, contratos temporales), hayan sido vinculados/as de manera directa como funcionarios y funcionarias de la entidad.
Bienestar de las y los trabajadores
Bajo la Política de Diversidad, Equidad e Inclusión y otras medidas orientadas al bienestar de las y los trabajadores, y reconociendo que la menstruación no es una enfermedad, sino un proceso fisiológico natural que experimenta más de la mitad de la población mundial, se estableció el permiso de trabajo en casa para mujeres y personas menstruantes. Esto no implica un trato discriminatorio, sino que proporciona un recurso para atender las necesidades específicas que pueden surgir durante este periodo.
Política de Seguridad en la Información y Prevención del Daño Antijurídico
La Superintendencia de la Economía Solidaria está entre las 20 principales entidades que cumplieron con la elaboración y presentación del Manual de Prevención del Daño Antijurídico. Con esto se pretende garantizar que los procesos judiciales en los que participe la Superintendencia sean atendidos de manera ágil, cuidadosa con los plazos y en beneficio de los intereses de la entidad. Este manual integra aspectos relevantes y traza medidas preventivas para evitar o mitigar los efectos dañinos de los debates extrajudiciales o judiciales.
Superintendencia de la Economía Solidaria en cifras
El Grupo de Analítica de Datos está revolucionando la aproximación a la información sectorial, empleando técnicas de Big Data (análisis masivo de datos) y Machine Learning (inteligencia artificial que aprende de los datos) para analizar aproximadamente 800 millones de observaciones. Estos datos, que reflejan las características financieras y socioeconómicas mensuales de 7,2 millones de personas asociadas a empresas del sector, han sido fundamentales para la creación de la serie de Documentos de Trabajo de la Supersolidaria – DTS.
Estudios socioeconómicos y financieros
La Superintendencia ha generando valor agregado a través de estudios socioeconómicos que nos permitan comprender mucho mejor el sector solidario para la construcción de política pública. El objetivo es conocer y presentar caracterizaciones del sector solidario a partir de variables sociodemográficas (información como la edad, el género, el lugar de residencia, etc.) reportadas por las empresas vigiladas por la Superintendencia, con un enfoque cuantitativo y un análisis descriptivo de datos recopilados de fuentes externas y del Sistema Integrado de Captura de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SICSES).
Ruta Solidaria por la Paz
Ahora la Superintendencia ha llegado a cada rincón de Colombia para enseñar a las cooperativas, especialmente a aquellas conformadas por sujetos de especial protección constitucional (mujeres, víctimas del conflicto armado, campesinos/as, población afrocolombiana y otras históricamente vulneradas), cómo realizar un reporte y avanzar hacia una supervisión más preventiva y menos punitiva. Realizamos talleres de capacitación y acompañamiento técnico a cooperativas y entidades de economía solidaria en temas relacionados con la misión de la Supersolidaria, la normativa vigente, aspectos contables y financieros, y el reporte de información en el SICSES, el sistema operativo para la carga de información financiera.
Articulación para el sector solidario
La entidad rectora ha impulsando el trabajo en equipo para fortalecer el sector solidario a través de la firma de memorandos de entendimiento con distintas entidades como: la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Santa Marta, la Universidad del Magdalena, la Universidad de Cartagena, la Región Administrativa y de Planeación (RAP) del Pacífico, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Superintendencia Nacional de Salud.
Planes de salvamento con las cooperativas intervenidas
Se recibieron intervenciones heredadas sin avances significativos. Estamos trabajando en una política de salvamento para la recuperación de estas cooperativas productivas. Además, avanzamos en dignidad con la aplicación de enfoques diferenciales y territoriales al modelo de supervisión en los procesos sancionatorios que adelanta la entidad.
“Actualizamos el Cargador del Sistema Integrado de Captura de la Información! Pasamos de un software de 1998 a la modernización del Sistema de Información para facilitar el reporte de las empresas solidarias vigiladas, comenzando con el cargador de información. El nuevo SICSES es un módulo de presentación del formulario oficial de rendición de cuentas de las entidades bajo la vigilancia, supervisión y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria”, indica la súper en un informe.
“Hicimos un estudio técnico de segmentación para una supervisión más asertiva. Esto nos ha permitido enfocar el modelo de supervisión de acuerdo con las características territoriales, capacidades y tipología de cada empresa solidaria. Esto busca no solo resaltar la importancia del sector en la economía nacional, sino también identificar oportunidades y retos para fortalecer su papel en el desarrollo económico y social del país.
¡Avanzamos en la creación y conformación de expedientes! En materia de defensa judicial, María José Navarro, como superintendenta, se propuso organizar la gerencia pública jurídica con el propósito de crear y conformar expedientes para las acciones constitucionales, judiciales y administrativas. La actualización de los procedimientos internos en materia de defensa de tutela, defensa contenciosa administrativa, ordinaria y penal ha logrado el debido cumplimiento de los lineamientos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha implementado para las entidades del orden nacional.
La prevención del daño antijurídico es crucial para cualquier entidad estatal, ya que permite anticipar causas que podrían generar perjuicios, riesgos o responsabilidades legales. Las políticas de prevención del daño antijurídico constituyen estrategias fundamentales para mejorar la gestión jurídica y administrativa de una entidad.
¡Implementamos procesos de defensa jurídica! Estas políticas buscan evitar la materialización de riesgos que podrían derivar en demandas contra la institución, garantizando así su protección y estabilidad. En este contexto, la Superintendencia de la Economía Solidaria ha dado un paso significativo en la implementación de medidas preventivas. Mediante el acta de sesión No. 27 del 27 de diciembre de 2023, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial aprobó la política pública de prevención del daño antijurídico para el período 2024-2025. Esta política, adoptada conforme a la metodología de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, está diseñada para reducir o mitigar riesgos que podrían resultar en futuras demandas contra la entidad”.
