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Santa Marta

“Si permitimos que dos pelagatos disparen y cierren el comercio, vamos a replegar el paro armado”: Margarita Guerra

La gobernadora del Magdalena habló de las intimidaciones que se han presentado en Santa Marta y pidió evitar que el miedo termine paralizando el comercio. La ciudad, además, tendrá mayor presencia militar y una restricción temporal para la circulación de motos.

La situación de seguridad mantiene en alerta a Santa Marta. Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la presencia de hombres en motocicleta que estarían intimidando a comerciantes y habitantes en diferentes sectores.

La gobernadora Margarita Guerra advirtió que no se puede permitir que esas acciones terminen obligando a los negocios a cerrar sus puertas.

Si permitimos que dos pelagatos disparen y cierren el comercio, vamos a replegar el paro armado”, manifestó la mandataria, al insistir en que la ciudad debe poder mantener sus actividades mientras las autoridades garantizan la seguridad.

En medio de esta situación, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad. “He ordenado como Presidente de la República que Santa Marta sea militarizada”, afirmó.

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A esa decisión se sumó una medida adoptada por la Alcaldía Distrital. Mediante el Decreto 432 del 22 de septiembre de 2026, se restringió la circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos en toda Santa Marta desde las 4:00 de la tarde de este martes y hasta el jueves 24 de septiembre.

La restricción contempla excepciones para vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, entidades de atención de emergencias y otras instituciones que estén cumpliendo funciones oficiales.

Mientras estas medidas entran en marcha, el Puesto de Mando Unificado continúa activo y la Policía y el Ejército mantienen presencia en distintos puntos de la ciudad y la Troncal del Caribe.

La preocupación de las autoridades está puesta ahora en evitar nuevos hechos de intimidación y garantizar que comerciantes, trabajadores y ciudadanos puedan continuar con sus actividades sin que la violencia termine imponiendo el cierre de la ciudad.

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